Edgar Hernández Ramírez / Columna

PATINA LA TRANSICIÓN / Edgar Hernández  Ramírez 

Cuando lo hicieron con libertad de conciencia, individualmente, los senadores de la República votaron en contra; cuando intervinieron los jefes de bancada y los cálculos políticos, se manifestaron a favor. Argumentando un derecho particular de los legisladores, conculcaron el derecho de muchos a la “justicia política”, porque la jurídica, la penal, los ciudadanos saben que difícilmente llegará para un personaje que representa los vicios que la sociedad mexicana repudia y quiere desterrar de su entorno.
Al concederle a Manuel Velasco la licencia para regresar a Chiapas como gobernador sustituto, los senadores avalaron prácticas autoritarias deleznables como modificar la Constitución para beneficio propio; ignoraron la violación de la ley que cometió al hacer pasar a dos de sus colaboradores como candidatos indígenas; olvidaron de que fue el que desestabilizó las pasadas elecciones locales para intentar imponer su candidato a gobernador;pasaron por alto que en el 2015 fue el autor intelectual del fraude del voto en el extranjero y del incumplimiento de la paridad de género en las candidaturas; perdieron la memoria de que gastó millones de pesos del erario del estado más empobrecido para promover su imagen en todo el país; no tomaron en cuenta que se había comprometido a no interrumpir su gubernatura y la forma truculenta en la accedió a la candidatura al Senado por la vía plurinominal; y poco les importó a los senadores el desastroso gobierno de Velasco y las recurrentes observaciones por miles de millones de pesos que le ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. 
“No somos un tribunal para juzgar”, dijo Ricardo Monreal –coordinador de la bancada de Morena– en una vehemente y exagerada defensa de un legislador de otro partido. De acuerdo, la decisión fue legal pero políticamente incongruente con las expectativas de la sociedad, no solo con las de los chiapanecos, sino con los 30 millones que votaron por el cambio. Y eso tiene un costo, que Morena ya está pagando y se está llevando entre las patas la credibilidad del proyecto de transformación.
Para Chiapas en la práctica el regreso o no de Velasco en realidad no cambiaba mucho el panorama del estado, la importancia de negarle la solicitud de licencia era el mensaje que se mandaría: frenar el abuso de poder de los políticos y darles una lección democrática. No ocurrió así. Prevalecieron los intereses particulares, las lealtades y los cálculos políticos de 82 legisladores y la fracción mayoritaria del Senado. La concesión a Velasco permitió a Morena obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al sumársele cinco legisladores del Partido Verde, lo cual supone que se podrían llevar a cabo todas las reformas legales que necesita el próximo gobierno para cumplir con la promesa de un nuevo régimen. Se materializó la máxima de que el fin justifica los medios.
En nuestra particular coyuntura, no son prácticas que se puedan digerir con facilidad. Dentro de la estructura partidista de Morena hay quienes rechazan este tipo de acuerdos y han advertido que no pueden volver a suceder. El controvertido episodio en el Senado puso a prueba la convicción transformadora de los legisladores de Morena, pero resultó decepcionante.
Sin embargo, vale enojarse, desilusionarse incluso, pero no claudicar ni inmovilizarse ante la prevalencia de esas actitudes reprochables.
La desmovilización no es la respuesta, sino el fortalecimiento del debate y la participación política organizada. En la transición, la sociedad también debe armarse de instrumentos que le permitan incidir en la toma de decisiones coyunturales y presionar para que el cambio al que aspira se materialice. Está claro que cuando las aspiraciones populares se mediatizan en los órganos de representación, suelen distorsionarse e incluso pueden ser olvidadas.
No hay que ignorar que en las instituciones encargadas de llevar a cabo la transformación, hay infiltrados del viejo régimen que harán todo lo posible por boicotearla. Propuesta: ¿Y si la revocación del mandato que propone Andrés Manuel López Obrador para el presidente, se extiende también a los senadores?

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