Héctor Estrada / Columna

En la Mira / * Héctor Estrada

*** Cinco mil desplazados por la violencia verde en Chiapas

La violencia paramilitar generada por la irrupción del gobierno verde en el municipio de Chenalhó, Chiapas, mantiene a más de cinco mil personas desplazadas de sus comunidades que desde hace poco más de dos años viven en campamentos improvisados, hacinamientos inhumanos y espacios públicos, muy lejos de las soluciones a su apremiante situación y la posibilidad de poder regresar pronto a casa.

Las más de 200 personas que hoy ocupan por tercera vez la explanada del Parque Central en Tuxtla Gutiérrez son una muestra dolorosa de la realidad que viven decenas de familias indígenas en Chiapas ante la violencia y la ingobernabilidad agudizada durante los últimos años, debido a la creación y fortalecimiento de grupos armados afines al Partido Verde Ecologista de México en municipios de vieja tradición priista.

Actualmente Chenalhó se encuentra inmerso en tres graves conflictos relacionados con grupos armados. El primero tiene que ver con la guerra postelectoral generada por la imposición del Partido Verde Ecologista en el gobierno municipal; el segundo por la disputa limítrofe con el municipio de Chachihuitán; y el tercero como resultado de la pelea comunal por predio en discordia con el municipio de Aldama.

La resistencia no se hizo esperar y Rosa tomó una de las peores decisiones. Para hacer frente a la resistencia de los grupos de choque optó por la conformación y financiamiento de nuevos grupos armados, encargados de “limpiar” a los sectores que se oponen al nuevo “poderío verde”. Y la violencia se desató con mayor intensidad.

La crisis humanitaria que enfrenta esta región de la entidad chiapaneca es un problema que se agudiza con el paso de los días, mientras las autoridades enfocan sus esfuerzos a ocultar y minimizar los hechos lastimosos. No se ve salida inmediata, ni capacidad real del gobierno para resolver la situación, pero sobre todo para garantizar la seguridad y bienestar de los miles de desplazados y las familias que aún se mantiene en las zonas de conflicto.

Las autoridades estatales no sólo han sido omisas, también han desacatado una y otra vez las medidas solicitadas por organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Incumplió la minuta de acuerdos firmados por la Secretaría General de Gobierno el pasado 19 de septiembre de 2017 en torno a la atención de los más de cinco mil desplazados por los diversos conflictos.

No han cumplido con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas precautorias emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) respecto a la violencia en ese municipio. Las medidas especiales de seguridad en la zona brillan por su ausencia. Así lo demuestran los informes emitidos por organizaciones no gubernamentales.

Se ha incumplido reiteradamente con el pago de la renta, alimentación y atención médica para los grupos de desplazados que han solicitado ayuda de las autoridades estatales. Sin embargo, hoy la preocupación tiene que ver con el miedo de que las agresiones traspasen la zona de conflicto y los alcance en los refugios temporales donde, todo apunta, tendrán que esperar hasta la llegada del nuevo gobierno para intentar resolver algo creado y heredado por quienes ya se van… así las cosas.