Mario Caballero / Columna

Letras Desnudas / Mario Caballero

*** Se acabó el reality show más caro de la historia

Se acabó el reality show más caro de la historia. Sí, ese que contó con el patrocinio de OHL, Odebrecht, Televisa, TV Azteca, Grupo Higa y, por supuesto, los mexicanos. Sí, el mismo que fue protagonizado por Enrique Peña Nieto, la Gaviota (alias Angélica Rivera), los gobernadores, los secretarios de Estado y, obviamente, el PRI. Sí, el que en seis años se dio el tiempo para convertir a nuestra nación en la más corrupta de América Latina.

El sexenio de Peña Nieto ha llegado a su fin. Y hoy lo invito a recordar los aspectos más morbosos y marginales de la realidad de esa telenovela que quiso llamarse gobierno:

El reality show lo comenzaron las dos televisoras más grandes de México: Televisa y TV Azteca. Ambas empresas se encargaron de crear la imagen mediática de Peña. Y en eso hay dos situaciones poderosas. La primera de ellas se refiere a la contratación de diseñadores profesionales que trabajaron en hacer ver al candidato del PRI como la cara más bonita de la política. Le enseñaron a cómo pararse frente el público, cómo gesticular con las manos, sonreír y caminar como todo un galán de novela.
El segundo y más importante, habla sobre un presunto contrato millonario con la actriz Angélica Rivera, consistente en aparecer ante las cámaras como la esposa de Peña Nieto, acompañarlo en el proceso electoral y, en caso de ganar la elección, ser la primera dama y estar en algunas giras del presidente. Dicen que en dicho convenio hay una cláusula que especifica el divorcio de la todavía pareja presidencial al finalizar el mandato.

El escándalo que marcó la administración de Peña Nieto fue el conocido como La Casa Blanca, aquella mansión que Angélica Rivera Hurtado compró en una zona exclusiva de la capital del país en 7 millones de dólares. La primera dama dijo que la había adquirido con sus ganancias como actriz de telenovelas.
Sin embargo, la investigación que dio a conocer el caso en noviembre de 2014, dio a conocer que la casa había sido comprada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, un contratista del gobierno federal muy cercano a Peña Nieto desde hacía muchos años, quien también le vendió una casa de descanso a Luis Videgaray.

Peña Nieto se refirió al exgobernador de Veracruz Javier Duarte como “la nueva cara” del PRI. Es nueva cara hoy está preso y acusado de uno de los quebrantos más grandes en la historia de México a través de un sofisticado esquema de empresas fantasma. De ese nuevo PRI, actualmente hay ocho gobernadores detenidos, dos prófugos y un quebranto al erario de los mexicanos que hasta el momento no ha podido cuantificarse.

Otra investigación descubrió que entre los años 2013 y 2014 al menos once dependencias federales habían desviado dinero público por medio de 186 empresas a las que se les otorgaron contratos irregulares, de esas 128 eran compañías fantasma y el fraude se estima en 192 millones de dólares.
Entre esos organismos públicos está PEMEX, implicado en el caso Odebrecht, SEDESOL, la Secretaría de Agricultura, la de Educación, SEDATU, et al. Además, ocho universidades de gobierno actuaron como intermediarias, lo que les dejó jugosas comisiones. Los personajes principales en esa corrupción son Rosario Robles Berlanga y, desde luego, José Antonio Meade Kuribreña, el ex candidato presidencial del PRI.

La presidencia de Peña Nieto no sólo quedará marcada por la corrupción de sus funcionarios, también por la excesiva violencia que fue incluso peor que la del sexenio pasado.
De acuerdo con informes del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del presente año se registraron casi 16 mil asesinatos, es decir, 88.7 todos los días o 4 muertes cada hora. El 2017, hasta el momento, se conoce como el año más violento en la historia reciente, con más de 29 mil homicidios. Desde que inició la guerra contra el narcotráfico y hasta abril de 2018, van 250 mil 547 asesinatos, de los cuales un aproximado de 70 mil ocurrieron durante el gobierno de Calderón.
A todo esto, Ayotzinapa es el caso más omiso del sexenio de Peña Nieto, del que las seis muertes y la desaparición de 43 normalistas siguen sin obtener respuesta. Sin duda alguna, después de ese acontecimiento el gobierno peñista cayó en una vorágine de descrédito del que nunca pudo levantarse.

Finalmente, aunado al saqueo está el excesivo gasto de Peña Nieto en publicidad. Al cumplir el quinto año, el gasto era de más de 38 mil 247 millones de pesos. En 2017 se aprobó un presupuesto de 3 mil 759 millones, pero Peña y sus funcionarios terminaron ejerciendo 10 mil 593 millones de pesos. ¿Le parece excesivo? No, es más bien repugnante.

¿Qué sigue?
Un adiós no basta. La corrupción, la violencia y la impunidad de este sexenio no deberían quedar sólo como un mal recuerdo. Detrás de esa depravación quedan más de cincuenta millones de pobres que en gran parte se están muriendo de hambre en las comunidades apartadas de México, y un estado de putrefacción que permea en la mayoría de las estructuras públicas. Asimismo, Peña Nieto nos está heredando no solamente una gran deuda monetaria, también un país fragmentado, con esperanza, pero cayéndose a pedazos.
Un final feliz para ese reality show sería llamar a cuentas a todos los personajes que llegaron por todo y nos dejaron nada.
Andrés Manuel López Obrador no debería dejarlos huir con las carteras llenas. Para los corruptos no debe haber amnistía. Intercambiar perdón por un poco de estabilidad gubernamental, es complicidad. Es decirle a los corruptos “podeos marchar en paz”.

La respuesta de juan salvador
¿Qué piensas acerca de la amnistía que ofrece López Obrador a criminales y corruptos?, le pregunté al diputado morenista Juan Salvador Camacho Velasco. Su respuesta fue precisa:
Hay que matizar el tema de la amnistía –dice-, porque se trata de regenerar el tejido social y no es a través de la persecución, ni del revanchismo, pero creo que tampoco se debe omitir la responsabilidad de quienes han delinquido en nuestro país y deben ser llamados a cuentas. Habrá casos de personas que han sido detenidas de manera arbitraria por conflictos políticos con los gobiernos, y ahí es donde se tiene que aplicar. Pero no con los secuestradores, con los criminales, ni con los delincuentes de cuello blanco y los políticos corruptos. En ese sentido, no debemos recetar la amnistía, ahí se tiene que hablar de la aplicación de la ley.
Juan Salvador es un político joven, de ideas frescas, que tiene una forma muy diferente de ver y ejercer la política. Entiende que dar amnistía a secuestradores, violadores, asesinos, extorsionadores y gente del crimen organizado, sería omisión. Dice que ésta tiene que poner por delante la conciliación del pueblo, no así olvidar los crímenes. “Perdonar a los políticos corruptos a través de la amnistía no estaríamos contribuyendo a la regeneración del tejido social, sino vulnerando el Estado de Derecho”, comenta.

¿No te parece que con esto se está contradiciendo el discurso de López Obrador de acabar con la corrupción y la impunidad?

Me parece que la propuesta del presidente electo se está confundiendo. Él no está hablando de hacer a un lado la aplicación de la ley para omitir las responsabilidades de quienes fallaron y de quienes cometieron abusos de poder, delitos, desvíos de recursos públicos, etcétera. Él sabe que la gente está exigiendo justicia. Dar amnistía en estos casos estaríamos contribuyendo en debilitar las instituciones públicas del país y eso no debe suceder. Andrés se refiere a las causas sociales y políticas, no a las causas de los cuellos blancos y criminales. Ha faltado, desde mi punto de vista, detallar la propuesta.
La postura de Camacho Velasco como diputado local es la de no tolerar y no ser ambiguos en el sentido de perdonar a los que han causado las grandes atrocidades de nuestro país. Cuando le pregunté sobre si AMLO debería someter a consulta popular el perseguir los delitos previos a su administración, contestó: “Me parece que es innecesario consultar algo que por derecho le corresponde al presidente de la República. Simple y sencillamente es aplicar la ley”.
Somos muchos los que confiamos plenamente en Andrés Manuel López Obrador –continúa-. Tiene toda la legitimidad para aplicar la ley sin ninguna consideración de por medio, más que la de la justicia. Eso es lo que tenemos que exigir los mexicanos que se cumpla. ¡Chao!

@MarioCaballero

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