Mario Caballero / Columna

Letras Desnudas / Mario Caballero 

¿Se abrió la puerta a una nueva forma de ejercer el poder?

¿Se abrió la puerta a una nueva etapa de esperanza, a una nueva forma de ejercer el poder?
Lo pregunto porque después del triunfo de Rutilio Escandón Cadenas comenzó uno de los periodos más peculiares en la historia de nuestro estado, un periodo de paz, de concordia, de ilusión. ¿Me creería usted que veo a la gente contenta? Camino por las calles y veo a las multitudes más calmadas, menos en el odio, menos en el rencor y con muchas ganas de cambiar, de creer en el futuro.
Lo pregunto, también, porque ¿cuándo había visto usted tanto interés por un gobierno de transición, tanto seguimiento y tanta buena disposición de parte de las autoridades que van de salida? Ni en el 2000, que veníamos de más de 70 años del PRI, se percibió esta alegría.
Lo cuestiono, además, por el excepcional recibimiento que tuvo el virtual gobernador de Chiapas de parte de los diputados del Congreso del Estado y por los integrantes del Poder Judicial. Fueron dos encuentros que, tras las polarizadas e intensas campañas electorales, se dio paso a un ambiente de congruencia, participación y, especialmente, cooperación.
Repito: ¿Se abrió la puerta a una nueva etapa de ejercer el poder? Creo que sí.

HACE NO MUCHO TIEMPO
En los tiempos del poderoso PRI el Congreso del Estado fue una institución para el desenfreno y las intrigas. Sirvió en muchos casos para desatar desde ahí inicuas cacerías políticas en contra de los enemigos de los gobernadores, quienes gozaron de privilegios y del encubrimiento de los diputados para cometer los más atroces actos de corrupción y despotismo. Ante la supremacía del gobernador, el parlamento simplemente se arrodillaba.
No vayamos tan lejos. De 2000 a 2006 tuvimos uno de los peores gobiernos de la historia reciente de Chiapas, y durante ese periodo el gobernador Pablo Salazar ejerció un control total sobre el Congreso. Él ordenaba y los diputados aprobaban lo que sea sin importar los daños a la sociedad. Ni hubo un solo legislador que se opusiera a sus deseos. Por lo cual, se perdió la autonomía del organismo y la representación popular.
El 17 de febrero de 2004, a propuesta de Salazar, los 40 diputados aprobaron una iniciativa que se conoció como Ley Mordaza, que penalizaba hasta con nueve años de cárcel y una multa de cien a mil días de salario a quien cuestionara, sospechara o denunciara cualquier acto de corrupción de los servidores públicos. Las penas incluían a los dueños de medios de comunicación, caricaturistas, periodistas y a todo aquel ciudadano que usara los medios electrónicos para manifestarse.
Dicha ley era un monumental atentado contra la libertad de expresión con la que el exgobernador puso tras las rejas a varios comunicadores y a otros más los mandó al exilio. No podemos olvidar que también quiso desaparecer a los sindicatos, impedir el derecho de huelga y desconocer las prestaciones laborales con la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios que no pudo ser aprobada.
La forma en que se apoderó del Poder Judicial fue más humillante todavía. En la noche del 24 de marzo de 2001, Salazar envió policías judiciales a disolver la decisión de los magistrados de nombrar a Jorge Clemente Pérez como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Clemente fue víctima de hostigamiento y hasta su familia recibió una serie de amenazas vía telefónica, por lo cual tuvieron que huir de Chiapas.
Días después, el gobernador impuso a Juan Roque Flores y lo sustituyó meses más tarde por Milton Escobar Castillejos, quien al finalizar el periodo de gobierno fue acusado de asesinar a un detenido. Al final, Pablo Salazar violentó la autonomía del Poder Judicial y causó una reprobable separación de poderes.
Durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero la situación no siguió igual, empeoró.
Sabines será recordado como uno de los gobernadores más corruptos y disolutos que hayamos tenido en la historia. Dejó una deuda que supera los 40 mil millones de pesos, trescientos mil pobres más y un incremento en la tasa de criminalidad. Para ello contó con la complicidad del Congreso del Estado y, por supuesto, del Poder Judicial.
Se dice que cada vez que el gobernador requería la aprobación de un préstamo o de una iniciativa de ley, de Palacio de Gobierno salían maletas repletas de dinero para repartirlo entre los legisladores. Y tanto los que presidieron la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política eran sus sirvientes, lacayos que operaban los desfalcos al erario, la aprobación de la cuenta pública y las reformas legales que impiden que Juan Sabines sea enjuiciado.
Con la cooperación del Congreso local, Sabines hizo que la deuda del estado creciera 3 mil 324.16 millones de pesos en promedio anualmente, pasando de 881 millones en 2006 a 20 mil 826 millones en 2012. Esos préstamos que contrató con la banca de desarrollo los hizo pasar como inversiones públicas productivas, es decir, carreteras, escuelas, hospitales, clínicas, caminos rurales, proyectos de transporte público o en la construcción de las plantas de biodiesel, obras que en muchos casos nunca se realizaron o que terminaron siendo un fracaso gubernamental, como las Ciudades Rurales Sustentables.
Aparte, Sabines Guerrero no sólo utilizó el parlamento chiapaneco para saquear los recursos del estado, pues también para protegerse. En mayo de 2011, los diputados autorizaron una reforma a la Constitución Política del Estado, propuesta por el gobernador, que impide fiscalizar o investigar los gastos ordenados por el gobernador. Dicha reforma fue al Artículo 26.
En cuanto al Poder Judicial, Juan Sabines impidió que la designación del titular se hiciera conforme a lo que mandata la ley, sino por deseo propio. Así impuso en la presidencia a Sonia Simán Morales que por conflictos de intereses fue relevada por el abogado Juan Gabriel Coutiño Gómez. Este último durante los casi cuatro años que ocupó el cargo. Y durante ese lapso de tiempo prevaleció avasallado al servicio del gobernador.

QUÉ SE ABRA ESA PUERTA
Por eso la importancia de las reuniones del Doctor Rutilio Escandón con los poderes estatales, cuyo primer contacto permitió ver el nacimiento de una nueva relación -cercana y armoniosa- de la que gozarán el Legislativo y el Judicial con el futuro gobernador. Y ante eso saber cómo cooperarán entre ellos en el escenario de un gobierno austero que promete combatir la corrupción y los excesos.
Hay que reconocer, asimismo, la actitud del diputado Willy Ochoa Gallegos que no sólo ha sabido dirigir el Congreso local con buena voluntad política, en el marco de la legalidad y ejecutando una ambiciosa agenda legislativa, sino también conjuntado a todos los diputados para unir esfuerzos en la transición del gobierno.
Y, particularmente, al gran abogado Juan Óscar Trinidad Palacios, que ha hecho del Poder Judicial una institución al servicio de los chiapanecos, donde se imparte justicia con equidad, sin simulaciones ni revanchismos. En el poco tiempo que lleva al frente de ese valioso organismo ha logrado la profesionalización y el reforzamiento de las distintas prácticas y procesos judiciales. Ahora tendrá la oportunidad de participar en un cambio de régimen.
Por lo tanto, ¿será esto el cierre de una época y la apertura de una más provechosa? Sin duda los primeros pasos de Rutilio Escandón nos hablan de un gobernador que tendrá un estilo distinto de ejercer el poder y que, al tener buena representación en el Congreso, apunta a un gobierno más fuerte y a nuevos equilibrios entre poderes, sin que eso signifique ir contra la autonomía de éstos.
Con esos actos Escandón Cadenas está demostrando que ganó en las elecciones no por moderno ni por rudo, sino porque fue lo justo y era lo necesario.
En estos momentos está convertido en la representación simbólica de un Chiapas maltratado y negado, y de un Chiapas harto pero digno, lleno de valores y de ilusiones. Por eso se espera tanto de él, y pasó lo que pasó el 1 de julio y desde el 1 de julio. ¡Chao!

@_MarioCaballero