Mario Caballero / Columna

Letras Desnudas / Mario Caballero

*** Un cónsul con las manos manchadas de sangre

La designación de Juan Sabines Guerrero para un segundo periodo al frente del Consulado Mexicano en Orlando, Florida, ha puesto entredicho los postulados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así como también la certeza de los principios y valores que tanto dice defender, como la moralidad del gobierno.

NEGOCIOS TURBIOS
La indignación hacia el regreso de Juan Sabines como cónsul es entendible por muchas obvias razones. Fue un gobernante despilfarrador, irrespetuoso, disoluto e inmoral. Es un defraudador que tiene 13 denuncias por la Auditoría Superior de la Federación por un monto de mil 213.3 millones de pesos, fondos de los cuales hasta la fecha se desconoce su destino.
La administración de Sabines fue un llamado a robar. Por tanto, su sola corrupción debió haber sido suficiente para impedir su ingreso al régimen de la cuarta transformación. No fue así.
La Torre Chiapas es uno de los principales monumentos a la corrupción del sabinato. Un edificio de 22 niveles que fue construido con los recursos del Impuesto sobre Nóminas. Se necesitaron mil 143 millones de pesos para levantarla. Sabines afirmó que ahí serían albergadas algunas oficinas gubernamentales, pero el primero en ocupar las instalaciones fue el Grupo Salinas, con sus empresas Iusacell, Tv Azteca, Unefón, Elektra y Fundación Azteca.
A los pocos días de ser inaugurada, fue concesionada por veinte años a Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Y a pesar de ser edificada con dinero de los chiapanecos, no es nuestra. El decreto 260, publicado el 17 de septiembre de 2013 en el Periódico Oficial, demuestra que el exmandatario desapareció a la Sociedad Operadora que administraría el inmueble para adjudicársela a un particular.
Otro monumento al atraco fueron las famosas Ciudades Rurales Sustentables: la historia de un desastre natural que fue convertido en materia de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Fueron construidas bajo el pretexto de combatir la dispersión social y la pobreza en las comunidades indígenas. Participaron bancos, fundaciones, el gobierno federal y, para darle mayor relevancia al asunto, la ONU, que fue representada por Magdy Martínez Solimán, un hombre del que se rumora acumuló una inmensa riqueza al ser aplaudidor del gobernador Sabines.
El fracaso de las CRS fue rotundo. Se invirtieron cientos de millones de pesos que terminaron levantando pueblos fantasmas, con casas de 30 metros cuadrados, inhabitables, sin agua potable, sin energía eléctrica, fabricadas con material no apto para soportar el clima de la zona y sólo fueron ocupadas por unos cuantos meses.
Una de éstas ciudades rurales fue Santiago El Pinar, un complejo de 115 casas en la ladera de una montaña que costó 394 millones de pesos, es decir, un equivalente a más de 3 millones 400 mil por cada una de las viviendas. Hoy, tristemente, está siendo devorada por la maleza.

Por otro lado, la planta de biodiesel en Tapachula, inaugurada en 2010, y las estaciones de servicio en la capital chiapaneca, están abandonadas. Los 36 millones de pesos invertidos en ellas por los gobiernos federal y estatal, terminaron en fraude. Ni una sola gota produjo esa planta que según sería capaz de producir entre 10 y 20 mil litros de biodiesel por día.
A la sazón, Juan Sabines realizó un préstamo para llevar a cabo el proyecto. Incluso, afirmó que con ello se cumplirían los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU al darle un fuerte impulso a la producción agrícola. Nada hubo de eso. Y de todo el dinero utilizado nunca entregó cuentas al pueblo.
El mayor desfalco en el proyecto de biodiesel se dio en el plan de sembrar 10 mil hectáreas de piñón, que estarían según al cuidado de campesinos chiapanecos. Sucede que empresarios protegidos por Juan Carlos López Fernández, funcionario bajo las órdenes de Sabines Guerrero, recorrieron los viveros de los estados de Tabasco, Veracruz y Michoacán, comprando arbolitos de piñón a razón de 5 pesos cada uno que después vendieron al Gobierno de Chiapas en treinta y cinco, entre los años 2007 y 2011.
La suma total del fraude, al amparo del gobierno de Sabines, superó los 2 mil millones de pesos.
En 2017, las dos agrupaciones que dieron a conocer la Estafa Maestra, documentaron que el gobierno de Juan Sabines Guerrero utilizó tres compañías ligadas a la red fantasma con la que Javier Duarte desvió dinero público del estado de Veracruz.
Éstas obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012 para realizar trabajos de outsourcing con los que fue creado el sistema de transporte Conejobús. La operación incluso fue cedida a las empresas veracruzanas, que suministraban personal y ofrecían servicios de asesoría contable y administración.

¿ASESINO?
Como hemos visto, Juan Sabines se benefició al tener tratos con la clase empresarial. Por eso no fue extraño que los contratos de obra pública, servicios, etcétera, se dieran por adjudicación directa. Tampoco que de la noche a la mañana se dieran permisos de explotación minera y que éstas empresas gozaran de privilegios, protección y operaran sin atender las normativas de la ley.
Se dice que el exgobernador tenía participaciones económicas con la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd, que obtuvo diez concesiones para extraer barita, oro y antimonio del suelo de Chiapas.
Sucede que dicha empresa contaminaba los afluentes de Chicomuselo al no contar con medidas de control de polvo ni con el permiso para las emisiones de dióxido de carbono, situación que fue duramente censurada por el activista Mariano Abarca Roblero, quien fue asesinado a tiros frente a su casa por un empleado de la minera.
Antes, Abarca había sido presionado por el ex alcalde de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, en presunta complicidad con Sabines Guerrero, para que dejara en paz las protestas. Al no poder callarlo, lo secuestraron, golpearon y hasta lo metieron a la cárcel por diversas acusaciones, incluida la de crimen organizado.

Un día antes de morir (27 de noviembre de 2009), promovió una queja contra la empresa por amenazas de muerte. Y nada hicieron las autoridades por protegerlo. Al contrario, al consumarse el crimen las tres personas detenidas (un trabajador y dos ex trabajadores de Blackfire) fueron liberadas al cabo de algunas horas.

IMPUNIDAD
Juan Sabines es por mucho el peor gobernador que haya tenido Chiapas en la historia reciente. Condenó a tres generaciones a pagar una deuda que supera los 40 mil millones de pesos. Por tanto, ¿qué valor le aporta a la investidura? ¿En qué favorece a la cuarta transformación?
Lo que hizo Marcelo Ebrard al nombrarlo cónsul es darle la espalda al pueblo de Chiapas, es ignorar los clamores de justicia y es cerrar los ojos a los abusos de poder de un exgobernador que no sólo robó, sino que además está presuntamente implicado en el homicidio de un activista social. En lugar de ponerlo en manos de la justicia, obedeciendo a los postulados de combate a la corrupción e impunidad que pregona el presidente de la República, lo protegió con el suave manto de la inmunidad diplomática.
Parece que al final de cuentas Donald Trump tenía razón, le mandamos lo peor de México: asesinos, drogadictos y delincuentes. Lo más lamentable es que en este caso es en calidad de representante del gobierno. ¡Chao!