Ruperto Portela Alvarado / Columna

Í N D I C E . . . / Ruperto Portela Alvarado

EL CÁNCER SOCIAL SE EXTIENDE EN CHIAPAS.
+ Por falta de atención crecen las manifestaciones…
+ Ya no hay respeto por la libertad de expresión…
+ Presidentes Municipales corruptos y arbitrarios…


LOS CASOS DE TAPACHULA Y SCLC…

La prevención es uno de los métodos más infalible para que la enfermedad no se propague, se arraigue y lacere la estructura de cualquier cuerpo. Con más razón cuando se ha ido deteriorando el tejido social de una instancia llamada Estado-Nación como el “México de Hoy” que en mi apreciación, “va en caída libre”.
Lo que sucede en los Estados de la República es reflejo fiel de las “células cancerosas” que se han apoderado del Gobierno Federal y su orden institucional. Las ocurrencias, caprichos y actos de tiranía de un impositivo Presidente de la República, que es “un peligro para México” –como lo señaló en el período electoral del 2012, el empresario CLAUDIO X. GONZÁLEZ— se está confirmando a medida que pasan los años de este sexenio de la “4ª Transformación”.
Chiapas está cayendo en ese “cáncer social” que se extiende por toda la geografía chiapaneca, desde donde brotan montículos de baraúndas hormigueras de conflictos que se le juntan al Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, responsable de la política interna del Estado, dejando la sensación de que “no los puede resolver”. Pudiera ser que de un momento a otro el amigo y hombre de confianza del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, “se declare incompetente” --como en cualquier proceso judicial—y, someta a consideración su renuncia.
Por un lado BRITO MAZARIEGO “no hace su chamba” y deja que los problemas se añejen como “el cáncer cuando no se atiende a tiempo” y se arraiga por todo el cuerpo que en este caso es el aparato de gobierno y la sociedad chiapaneca. Por el otro, hay una “incompetencia comprobada” de la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO en su responsabilidad de perseguir a la delincuencia, donde también tiene su parte, el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, quien no ha justificado su estancia en ese delicado cargo.
Aunque la Secretaria y Comisaria de la Seguridad Pública, doña GABRIELA DEL SOCORRO declare que su objetivo es bajar los niveles de delincuencia y percepción de inseguridad, y el Fiscal LLAVEN ABARCA prometa en su campaña política –en la que anda acelerado-- “cero tolerancia a la corrupción y total combate a la delincuencia”, lo cierto es que en Chiapas está creciendo el sentimiento de miedo y los índices de robos, asaltos y homicidios.
También, por falta de atención y capacidad política, crecen las manifestaciones de descontento que ya no se pueden ocultar. Ahí vemos el Parque Central de la capital Tuxtla Gutiérrez invadido de gentes indígenas desplazados y a la entrada de las oficinas de gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un conjunto de casas de campaña que mantienen jóvenes y familiares que se adjudican el derecho a un lugar en la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).
Lo mismo sucede con “maestros interinos” a los que no se les ha pagado sus salarios desde el 2016 o los “maestros idóneos” que exigen una plaza que les corresponde por haber aprobado un examen y no les entregan su oficio de adscripción. Es el caso de los 54 sobrevivientes a los que les fue otorgado el “Premio Chiapas” y que desde el mes de agosto del año pasado, 2019, (siete meses) el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Educación (ROSA AIDÉ DOMÍNGUEZ OCHOA) y el Secretario de Hacienda (JAVIER JIMÉNEZ JIMÉNEZ) no atienden y hacen efectivo el pago.
Ante esa disyuntiva, el poeta y “Premio Chiapas 2015”, OSCAR WONG OVANDO, optó por el “Amparo Indirecto” con número 36/2020, llevada por el abogado OSCAR SAURI BAZAN, obteniendo resolución del 06 de febrero y este lunes 10 del mes en curso se publicó el fallo del Juez Primero del Distrito de Amparo a su favor del demandante que ordena a las autoridades correspondientes, pagar la pensión reclamada.
Creo, ante esta disyuntiva del reclamo de pagos de la pensión vitalicia a los “Premios Chiapas” sobrevivientes que ya llegó a los tribunales, el Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS se preocupó, citó y recibió en sus oficinas a quienes hacen frente al insatisfecho proceder de la autoridad.
Seguramente que con el amparo ganado por OSCAR WONG OVANDO y la entrevista de los demás demandantes con BRITO MAZARIEGOS, ya habrá dinero y pago inmediato a quienes gozan de este derecho creado en la administración del General FRANCISCO J. GRAJALES, por decreto para reconocer a los ciudadanos chiapanecos que han aportado sus conocimientos a las Ciencias y las Artes. Solamente así se resuelven los problemas en Chiapas y México.
Otro tumor que está padeciendo Chiapas es el asunto de las caravanas de migrantes que propició el propio Presidente AMLO con su ofrecimiento de 80 mil empleos, “como un acto de humanidad”, según dijo. Claro que este asunto grave que está colapsando la economía y la actividad social de los tapachultecos y habitantes de los municipios fronterizos sur, es problema a resolver del Gobierno Federal, pero incumbe poner orden con sus estrategias de “seguridad interna” al Fiscal JORGE LUIS LLAVEN ABARCA; a la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO y en especial del Secretario de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, que es el responsable de la política interna del Estado.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN; ASUNTO PENDIENTE…
Un tema que ha ido evolucionando negativamente en los Municipios de Chiapas es la violación de los derechos humanos, la libertad de expresión de los ciudadanos y representantes de los medios de comunicación. Precisamente por este asunto, el pasado lunes 10 de febrero-2020, el director del Diario Contrapoder en Chiapas, doctor JOSÉ ADRIANO ANAYA convocó a conferencia de prensa, donde se trató el grave caso de la agresión sufrida por la compañera periodista CINTHYA ALVARADO ENRIQUEZ, a manos de la policía municipal del Ayuntamiento de Tapachula.
Dijo ADRIANO ANAYA que el Gobernador, sus funcionarios, los Presidentes Municipales, deben saber de la “Recomendación general #25” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos y libertad de expresión, “que se viene incumpliendo en el Estado de Chiapas”.
Quiero decir, o puede ser que, el Gobernador como sus cercanos colaboradores encargados de la seguridad y política interna del Estado, igual que los Alcaldes, no conocen este documento y por su naturaleza actúan de manera arbitraria y despótica, violando los derechos humanos y la libertad de expresión como sucedió recientemente en Tapachula con CINTHYA ALVARADO ENRÍQUEZ y San Cristóbal de las Casas con CARLOS HERRERA.
Cómo se dijo en la conferencia de prensa, “se han presentado un conjunto de violaciones contra compañeros de la prensa en Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez”, coincidentemente donde gobiernan Alcaldes de extracción morenista y representantes de la 4ª Transformación como: OSCAR GURRÍA PENAGOS, JERÓNIMA TOLEDO VILLALOBOS y CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ, quienes “se han llenado de soberbia” y confrontado con los periodistas.
Por lo que se refiere a Tapachula y la detención arbitraria y con abuso de la fuerza pública contra la compañera periodista CINTHYA ALVARADO ENRÍQUEZ, podría haber repercusiones severas en contra del Presidente Municipal, OSCAR GURRÍA PENAGOS, caso que se llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la posibilidad de pedir su destitución del cargo. El asunto está encargado precisamente a DIEGO CADENAS GORDILLO, el que defiende a los desplazados y estudiantes de la UNICH.
El doctor JOSÉ ADRIANO ANAYA fue drástico al acusar de negligentes al Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS y al Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, a quien también mencionó como un ente represivo y torturador. Se dejó entrever que también se llamará a proceso a periodistas que cobra o tienen contrato de publicidad con el Ayuntamiento de Tapachula y el Alcalde GURRÍA PENAGOS que han participado en la campaña de hostigamiento y desprestigio en contra de CINTHYA ALVARADO, quien hizo presencia en la conferencia de prensa.
No se habló mucho del caso de CARLOS HERRERA, el periodista que fue detenido la semana pasada cuando realizaba una transmisión en vivo, violando sus derechos humanos y la libertad de expresión. Y no lo hicieron porque no asistió a la conferencia de prensa a la que estaba invitado para denunciar los atropellos de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas y el Fiscal en turno, que lo sometieron a un proceso inusual y sin ninguna base legal.
Las situación es de peligro constante de violación a los derechos humanos y la libertad de expresión de ciudadanos y periodistas, quienes por su labor enfrentan (enfrentamos) amenazas que ponen en riesgo la seguridad e integridad personal, que se traduce también en campañas de desprestigio, robos, asaltos, hostigamiento y posibles violaciones al proceso. Así las cosas y mejor ni moverle el tronco al árbol para que no se caigan las hojas… Servidos…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.