Ruperto Portela Alvarado / Columna

Í N D I C E . . . / Ruperto Portela Alvarado

CHIAPAS, SUS DOS CARAS DEL DESORDEN
+ Permisibilidad oficial a abusos de vándalos…
+ La delgada línea de la represión policiaca…
+ Los casos de Tapachula y Tuxtla, reprobables…

EL SELLO POLICIACO DEL GOBIERNO…

 Entre la complicidad manifiesta de la oficialidad e irresponsabilidad gubernamental, junto con el actuar virulento de diversos grupos sociales, se ha construido el desorden administrativo, económico y social de la entidad, por la ausencia de autoridad y el estado de derecho que hoy prevalece.

Estamos hablando de la omisión oficial para atender el fenómeno de inestabilidad y desestabilización del orden social del Estado de Chiapas y sus repercusiones que afectan directamente a la población en México y esta entidad fronteriza del sur. Los índices de violencia y otras conductas sociales, emparejadas de autoridades omisas o cómplices que actúan de manera errónea y contraria a los intereses de los mexicanos y chiapanecos, conlleva a ese desorden social que es tema diario.
Por un lado, la irresponsabilidad de las autoridades ante la facultad y obligación constitucional de tomar decisiones en beneficio de los mexicanos y chiapanecos –en el caso que nos ocupa-- y que han fallado por negligencia, incapacidad o soberbia; que no han hecho el trabajo que les corresponde para asegurar a sus gobernados el beneficio del empleo bien remunerado y digno; seguridad ciudadana y acceso a los servicios de salud, que sería lo mínimo en un Estado de Derecho. Esta es la cara oficial.
La otra cara es la que presentan diversos sectores de la sociedad que han hecho del derecho a manifestarse un negocio bajo presión y violencia innecesaria; una forma de vivir o el ejercicio redituable de amenazar a la autoridad, como ha sucedido con el grupo magisterial de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la Educación (CNTE), los alumnos de las normales rurales, Mactumatzá de Tuxtla Gutiérrez o la Jacinto Canek de San Cristóbal de las Casas, al igual que contingentes indígenas que ya aprendieron la lección y encontraron el caminito hacia el presupuesto.
No hay que perder de vista que la sociedad civil está en el hartazgo de tanta violencia de los grupos de maestros de la CNTE, los alumnos de la Mactumatzá; los indígenas que se manifiestan de la peor manera, que tanto daño le han hecho a la economía y gobernabilidad del Estado. Por eso esa misma sociedad chiapaneca, aplaude la intervención policiaca en contra de estos grupos, que la verdad, no pregonan la paz y reconciliación social.
Hay que decir que la situación de desorden administrativo y social que se vive en Chiapas es un fenómeno que la autoridad ha permitido en un acto de complicidad clientelar electoral y para mantenerlos tranquilos, como sucedió en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO con el MOCRI, los maestros de la CNTE y los alumnos de la normal rural Mactumatzá y contingentes de los municipios que vienen a Tuxtla a cometer sus desmanes.
El caso de omisión, acción, protección y financiamiento a grupos sociales descontentos que promovió el propio gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y más significativo en el sexenio de MANUEL VELASCO COELLO que permitió bloqueos de calles, plantones, toma de carreteras, casetas de peaje, invasión de predios, pirataje en el servicio de transporte, en una complicidad descarada que pagó inclusive con dinero del erario estatal y la inseguridad ciudadana.
La permisibilidad y protección que dieron JUAN SABINES y el GÜERO VELASCO a grupos claramente identificados, contribuyeron a este desorden social que lleva a la mediocridad de la política, la precariedad económica y la inseguridad de los ciudadanos. Todos esos actos y conductas de omisión, acción y aprobación de esas mismas conductas, constituyen delitos que merecen “juicio político”, a estos últimos gobernantes y su gavilla que arrasaron con el presupuesto y dejaron a Chiapas en la mendicidad del 78% de sus habitantes. O a ver cuál es la opinión de cada uno de los chiapanecos, sobre este tema…

POLICÍAS, REFLEJO DEL GOBIERNO…
Uno de los rostros más visibles de un gobierno y que lo identifica, es la policía, para bien o para mal. La inseguridad y creciente delincuencia en las principales ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, Cintalapa, Arriaga, Tonalá, Comitán y San Cristóbal de las Casas, así como en todo el Estado, es un reflejo de la falta de pericia y actuación de la estructura de gobierno y nula capacitación de las corporaciones policiacas que han permitido o no han sabido responder a los requerimientos más urgentes de los ciudadanos.
El caso de los operativos policiacos en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en contra de manifestantes, calificados de represión, señala lo que son y representan las autoridades responsables de la seguridad pública y el combate a la delincuencia común y organizada. Lo de Tapachula (lunes 27 de enero) fue un acto claramente represivo en contra de indígenas pobladores de Pavencul y la compañera periodista activista, CINTHYA ALVARADO ENRÍQUEZ que debió tener repercusión jurídica en contra del Alcalde ÓSCAR GURRÍA PENAGOS. Pero, como siempre, no sucede nada.
Lo cierto es que en este asunto de la policía de Tapachula, ha provocado un descontento general y también la intención de llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se castigue a los responsables. Por lo menos ya renunciaron al Secretario de Seguridad Pública Municipal, PEDRO ENOC GARCÍA PALAZUELOS; pero el alcalde ÓSCAR GURRÍA PENAGOS “sigue como Don Sebas”, tan campante…

¿REPRESIÓN O SOMETIMIENTO AL ORDEN?...
Donde sí se armó la rebambaramba es en el caso Tuxtla Gutiérrez por el operativo policiaco en contra de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y los alumnos de la Normal Rural Mactumatzá el pasado domingo 16 de febrero en las inmediaciones de la escuela y el boulevard “Vicente Fox” de esta capital.
Calificado como un acto represivo y abuso innecesario de la fuerza policiaca del Estado, el asunto ha rebasado las fronteras del Estado de Chiapas y llegado a nivel nacional e internacional, inclusive. El mismo Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se pronunció por una investigación a fondo y castigo ejemplar a los responsables.
Esa misma línea del Presidente siguió la Secretaria de Gobernación OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ; la Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA y hasta el Gobernador de Guerrero, HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
El mundo se le vino encima al Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, a quien responsabilizan del operativo, al punto que, hasta un grupo de senadores de filiación morena –identificados con OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR-- exigieron en tribuna la renuncia del mandatario chiapaneco por este trágico acontecimiento que tiene entre la vida y la muerte a un joven estudiante de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, entre otros lesionados.
Mientras le están dando largas a los acontecimientos, a cinco días de los hechos, mediante una investigación a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO y el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, quienes se han constituido en “juez y parte”, siendo ellos mismos los implicados –junto con el Secretario General de Gobierno, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS— en la responsabilidad de haber dado la orden del operativo de desalojo.
Y parece que la cosa es seria, porque desde la oficialidad estatal se dio la orden de que, organizaciones privadas e instituciones públicas se manifestaran en favor del Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS y la legalidad del operativo en una aplaudida aplicación del estado de derecho. ¡Vaya!, hasta el Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) CARLOS FAUSTINO NATARÉN NANDAYAPA, se prestó al juego, en una actitud de genuflexión e irreflexión.
Lo cierto es –eso digo yo— que la línea de mando está en la Fiscalía General de Justicia que jefatura JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, porque se tiene la certeza de que él es el que manda en la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza su presunta “subordinada” GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO, y por lo tanto son los responsables directos del suceso del pasado domingo que tiene en vilo al gobierno chiapaneco. Además, fueron las policías de la Fiscalía y la SSPyPC las que armaron el borlote y del Fiscal y la Secretaria de Seguridad Pública, depende cualquier orden de actuación.
Pero como “la cuerda se revienta por lo más delgado”, ahora le están cargando toda la responsabilidad a 60 policías que ya están bajo resguardo y que seguramente serán los “chivos expiatorios” de un caso tan desagradable y vergonzoso como fue el desalojo de los manifestantes el pasado domingo 16 de febrero. Y no hay de otra, van a tener que apechugar, porque el que tiene el poder es el que mueve las decisiones y las ajusta a su plena conveniencia… Ya lo verán…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

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