Ruperto Portela Alvarado / Columna

Í N D I C E . . .  / Ruperto Portela Alvarado
LA CULPA NO ERA MÍA, ERA DE LA POLICÍA.
+ Los “chivos expiatorios” del operativo…
+ Revienta el hilo por lo más delgado…
+ Se lavan las manos el Fiscal y la Secretaria…
+ El Gobernador deben actuar con justicia…

UNA FARSA MÁS DE LA OFICIALIDAD…
Y ¿qué creen?, “la culpa no era mía, es de la policía”. Así cantan ahora los directamente implicados en el desalojo policiaco del pasado domingo 16 de febrero en las inmediaciones del boulevard “Vicente Fox” de la zona norte poniente (salida a San Fernando), el Fiscal General de Justicia, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA y la Secretaria de Seguridad Pública, GABRIELA DEL SOCORRO ZEPEDA SOTO.
Ya lo había dicho en mi anterior columna de ÍNDICE… que les iban a dar palo a los policías para “lavarse las manos” y salir del atolladero en que están metidos los dos funcionarios antes mencionados y el Secretario General de Gobierno, el “IBM”, ISMAEL BRITO MAZARIESGOS, quienes, a su vez, tienen en un predicamento al Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, de quien están pidiendo su renuncia los mismos senadores federales de morena, compañeros de EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
Desde que se dijo, “60 policías están bajo investigación por los hechos del domingo 16 de febrero contra los alumnos de la Normal Rural Mactumatzá y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos integrantes de la Caravana del Sur”, se intuyó que era la “salida fácil” y “salvar el pellejo” de una posible destitución del cargo.
Apenas este viernes, a cinco días de los acontecimientos donde hubieron tres heridos y un joven en estado crítico por la explosión de una bomba de gas lacrimógeno en su cogote, al menos cuatro elementos de Seguridad Pública del Estado –según se supo extraoficialmente—fueron llevados al reclusorio “El Amate”, por delitos que no se han especificado.
Desde esa “investigación” que sindica a los elementos policiacos por su participación en el operativo de desalojo del pasado domingo, la pregunta obligada es: ¿y los altos mandos policiacos; los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaria de Seguridad Pública que debieron emitir la orden para la movilización y que son responsables directos de esas instancias estatales? Ellos son los verdaderos responsables, porque SON los que dan las órdenes y, si las cosas hubiesen salido bien, hoy estuvieran brillando en los medios de comunicación y buscando los reflectores.
Hay que consignar que los contingentes policiacos no salen de sus cuarteles y menos a un operativo de este tipo, en contra una caravana representativa de un asunto tan delicado como es la exigencia de aclaración y posible “aparición” de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, si la orden no sale de los “altos jefes” de las instituciones responsables de la seguridad pública y la procuración de la justicia.
Ya lo había dicho antes: “como el hilo se revienta por lo más delgado, ahora le están cargando toda la responsabilidad a 60 policías que ya están bajo resguardo y que seguramente serán los chivos expiatorios de un caso tan desagradable y vergonzoso como fue el desalojo de los manifestantes el pasado domingo 16 de febrero. Y no hay de otra, van a tener que apechugar, porque el que tiene el poder es el que mueve las decisiones y las ajusta a su plena conveniencia”.
Volvemos a caer en lo mismo: “los chivos expiatorios”, mientras quienes verdaderamente están a cargo de las responsabilidades inherentes a la seguridad pública y persecución de la delincuencia –común y organizada—“se lavan las manos” en la integridad de sus subordinados a los que les echan las culpas para salvarse ellos. Eso es lo que tiene que saber y hacer el Gobernador RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS para deslindar responsabilidades y que no le acusen de represor y protector de los verdaderos culpables.

MAESTROS Y ESTUDIANTES FUERA DE LA LEY…
No es un secreto ni está a discusión la violación de la ley por parte de los llamados “grupos de activismo social” que “exigen sus derechos” quebrantando los derechos de terceros con la complacencia de las autoridades que en muchos casos, hasta los incitan y financian como en el pasado inmediato. Hablamos del MOCRI, los maestros de la CNTE, los estudiantes de las normales rurales en el Estado y hasta grupos indígenas que se disputan el poder y el dinero en sus respectivos municipios.
La doble moral de estas catervas que “tiran la piedra y esconden la mano”; que agreden, violentan a las instituciones, pintan consignas, destrozan, queman edificios, secuestran camiones, bloquean calles y carreteras; toman casetas de peaje y asaltan negocios, pero cuando la autoridad los trata de someter al orden, se victimizan y acusan de represión a las fuerzas policiacas. Su justificación es que “solo así nos hacen caso”, pero en esas condiciones, cometen muchos delitos… y graves.
No, no se equivoquen. No estoy defendiendo a la autoridad que ha sido omisa, sumisa y endeble, casi siempre. Nos se trata de reprimir, sino de poner en práctica el Estado de Derecho, que ha sido lo más difícil para los últimos gobernadores y, quienes han impuesto la ley sobre los infractores, se les acusa de “mano dura” y represor, como el caso particular del ex Gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO.
Hoy, cuando se está ventilando el caso del operativo del pasado domingo 16 de febrero en la zona conocida como “La Coca” y hay señalamientos de abuso de la fuerza pública, habría que preguntarle a los vecinos de la Delegación Plan de Ayala (Juan Crispín), de las inmediaciones de la Escuela Normal Rural Mactumatzá; a los comerciantes del centro de la capital Tuxtla Gutiérrez; a los habitantes de Chiapa de Corzo, que han sido los más afectados, si están de acuerdo con la intervención policiaca para detener el vandalismo de estos grupos virulentos.
Dejo como ejemplo de esto que digo y señalo con toda la experiencia vivida, el comentario de un asiduo lector de mi columna ÍNDICE… el ciudadano PEDRO SALIM:
“Paisano, muchos puntos señalados, nada que no sucediera en tiempos pasados, donde la impunidad y la omisión prevalecían por intereses mezquinos de parte de los que se adueñaron del estado. Por otro lado, los sucesos con los estudiantes de la Mactumatzá, y los familiares de los 43, consideró desde mi particular punto de vista, que la intervención policíaca es legal cuando se afecta el interés público y los desborde del vandalismo por parte de los estudiantes, no es la primera vez que hacen sus desmanes, la presencia de los padres de los 43 no sabemos el fondo de su presencia en Chiapas y desafortunadamente les tocó estar en el lugar, por otro lado tratar de culpar a los policías de su actuación es mala señal, ellos reciben órdenes para intervenir, así que aquí la responsabilidad recae en el que la dio y por último el gobernador tendrá que aplicar su poder, para quitarse a los enemigos que tiene en casa y darle un estate quieto a los verdes, disfrazados de morenos, para que pueda gobernar, de lo contrario lo pueden descarrilar, al tiempo, saludos paisano”...
Como esta opinión hay muchas que en el consenso, el gobierno y RUTILIO ESCANDÓN tendrían toda la aprobación, el aval y apoyo para que restituya el Estado de Derecho que se perdió desde que JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO permitieron tantos desmanes a los “MOCRIs”, “maestros de la CNTE”, “estudiantes normalistas rurales”, indígenas y demás sectores que han hecho del derecho de manifestación un negocio redituable en millones de pesos. Ya es tiempo y momento que el Gobernador haga lo que le obliga la ley y no perder la oportunidad de dejarle a los chiapanecos un estado en tranquilidad, prosperidad y desarrollo.
Como dijo ANAHÍ: “eso digo yo”…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

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