Mario Caballero / Columna

Letras Desnudas / Mario Caballero

*** Intolerancia y represión

El poder merece vigilancia constante. Del escrutinio y la crítica depende que no se cometan abusos o que éstos no permanezcan ocultos. Sólo así es posible proteger la democracia y fomentar la legalidad. Si el poder no es fiscalizado se corre el riesgo de que los recursos sean malgastados, que se prohíban las libertades y que se establezcan tiranías. Por tanto, es un atentado y un acto antidemocrático que Carlos Morales Vázquez responda con violencia y represión a sus críticos.

La primera demostración de intolerancia a la crítica la dio casi inmediatamente después de que lo declararan ganador de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Pidió reunirse con Héctor Montesinos Cano, activista social que en su momento lo llamó “bandido”, acusándolo de haber pactado con la empresa Veolia siendo secretario de Medio Ambiente para que ésta siguiera operando a pesar de los daños que ha provocado en el ecosistema.

Cuenta Montesinos que en esa reunión Morales Vázquez reconoció la contaminación de Veolia y trató de disculparse por lo que no había podido hacer desde la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Y hasta le solicitó una nueva cita para discutir lo que podían hacer para resolver el problema.

La segunda reunión se dio después de que Carlos Morales asumiera la alcaldía. Pero esta vez la charla fue distinta. Lo que debió ser un diálogo razonado terminó en hostilidades. Morales le reclamó a Héctor Montesinos por qué lo llamaba bandido, y lo amenazó: “más te vale tener un amigo como presidente municipal”. Montesinos le replicó: “para mí seguirás siendo un bandido hasta que no me demuestres lo contrario”.

A pesar del altercado Montesinos aceptó juntarse por tercera vez con el alcalde. Ahí le presentó todo lo que tenía documentado sobre la polución y le manifestó claramente que llevaría el caso hasta las últimas consecuencias. Morales, respondió: “A mí no me interesa lo que quieras hacer, que se quede o se vaya, pero Proactiva se va”.

Pero Carlos Morales nunca tuvo la intención de correr a Veolia. Actualmente le paga entre 13 y 16 millones de pesos mensuales. Además, le reconoció una deuda improcedente por 336 millones de pesos que se comprometió a pagar en los tres años de su gestión.

A la sazón, Héctor Montesinos siguió con las protestas y fue enérgico ante los presuntos actos de corrupción del presidente municipal. Fue entonces que lo empezaron a hostigar mediante llamadas telefónicas desde números privados. Y se vio obligado a huir del estado cuando le hicieron fuertes amenazas en contra de sus hijas.

No es todo. Cancelaron su cuenta de Facebook y le tiraron todas las demás que abrió con su nombre y fotografía. Incluso, lo dieron por muerto. Cuenta el propio Montesinos que logró hacer contacto con los administradores de la red social, quienes le dijeron que alguien haciéndose pasar como uno de sus familiares presentó un acta de defunción en la que aseguraban su fallecimiento.

Meses después, se supo que Alexis Sánchez, un fotógrafo de mediopelo que funge como director de Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento, había contratado una agencia de servicios de informática supuestamente para monitorear a los medios de comunicación, pero su trabajo fue espiar a los trabajadores del municipio, suplantar identidades y dirigir campañas mediáticas de difamación en contra de los opositores del gobierno de Carlos Morales, Héctor Montesinos incluido.

REPRESIÓN A LA VERDAD

En la sesión de Cabildo del 19 de febrero de 2019, Carlos Morales tomó el micrófono y despotricó contra el Diario de Chiapas. Dijo que lo calumniaba y chantajeaba. Lo calificó de ser un periódico que “no muy lee la gente”. Pero irónicamente les pidió ayuda a los regidores para actuar en contra de este rotativo porque “todos los días saca una información en su contra”.

Es verdad, el Diario de Chiapas ha ejercido su derecho a la libertad de prensa para exigir justicia social. Con ética y con un uso honesto de la información ha denunciado la escasez de agua potable, el deterioro de las vialidades, los problemas con el drenaje, la falta de alumbrado público; asimismo, la corrupción, las complicidades, el tráfico de influencias y el nepotismo del alcalde de Tuxtla Gutiérrez.

En sus páginas publicó la intentona de Carlos Morales de imponer un impuesto al consumo de energía eléctrica, la falta de transparencia en los ingresos del municipio, los contratos otorgados por adjudicación directa y la protección a funcionarios acusados de acoso sexual. También ha criticado las arbitrariedades de los secretarios municipales, la falta de estrategia contra la inseguridad y la carencia de un Plan de Gobierno.

En otras palabras, el Diario de Chiapas se convirtió en un auténtico vigilante del poder. Y lo que el alcalde le estaba pidiendo al Cabildo era utilizar el poder para someter a esta casa editorial, una situación sumamente grave que ocurre dentro de un nuevo régimen gubernamental encabezado por MORENA que se dice defensor de la democracia y las libertades constitucionales.

Otro caso es el del periodista Carlos Fabre, que comenzó a ser acosado después de denunciar que Carlos Morales hacía promoción personalizada desde las redes sociales de las distintas dependencias del Ayuntamiento. Su prestigiosa plataforma digital Público & Privado ha sido atacada reiteradamente desde entonces. Por eso mismo, interpuso una demanda contra el alcalde y su gobierno.

Recientemente, Morales Vázquez ha dado otra muestra de su intolerancia a la crítica. El sábado 21 de marzo, alrededor de las nueve y media de la noche, dos agentes abordo de la patrulla 138 de la policía municipal detuvieron arbitrariamente al reportero Bernardino Toscano, a quien acusaron de estar alcoholizado y alterando el orden.

Pero todo indica que la detención fue por consigna. En primer lugar, porque Toscano ha sido crítico del morenista. En noviembre de 2019, por ejemplo, denunció que el gobierno municipal le había concedido los permisos correspondientes a una empresa que construía un fraccionamiento arriba de la colonia Colinas del Sur para que desembocara el drenaje en una cañada del lugar, afectando tanto a los colonos como a las colonias de alrededor.

Y en diciembre pasado publicó que, respaldado por el Cabildo, Morales había decidido pintar una flor de mayo en el parque central con una inversión de 3 millones 654 mil 97 pesos del programa PIM 2019, en lugar de invertir en un proyecto de seguridad. Por mencionar algo.

Segundo, porque al momento de ser detenido Toscano acompañaba a su compadre a abordar un taxi a escasos metros de su casa y, además, estaba completamente sobrio, pues es de esas pocas personas que nunca ha bebido alcohol.

EXIGIR JUSTICIA

Decir la verdad no es un delito. Reprimirla, sí. El acoso del alcalde Morales a la libertad de expresión nos amenaza a todos. A todos, y no solamente a los escriben y denuncian, porque callar a un periodista o a un medio implica tapar los oídos de todos. La víctima de persecución no es sólo quien pudiera ser silenciado por el poder, sino todo aquel que deja de recibir la información, la denuncia, la reflexión independiente. El tapabocas a un crítico es un tapaojo a la sociedad.

Por tanto, es deber de todos exigir justicia ante la represión de Carlos Morales a la prensa. Antes que Tuxtla se quede muda, sorda y ciega. ¡Chao!

[email protected]

¿tu reaccion?

conversaciones de facebook