Juan Carlos Cal y Mayor / Columna

A ESTRIBOR / Juan Carlos Cal y Mayor 

*** Alianza federalista y políticas públicas

Gobernadores de diez estados, entre ellos Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Colima, Aguascalientes, Durango, Guanajuato y Tamaulipas, lanzaron una ofensiva para replantear al gobierno el pacto fiscal. Piden dialogar y amenazan con romper con el pacto federal. Cabe decir que el gobierno federal ha limitado y piensa disminuir estas participaciones obligando a los estados a aumentar sus recaudaciones estatales, es decir a crear o aumentar impuestos.

Por otra parte, los están queriendo obligar a apretarse el cinturón con medidas de austeridad similares a las que ha implementado el gobierno federal que se ha hecho el harakiri limitando sus capacidades y prescindiendo del valioso expertise de muchos servidores públicos profesionales. Es importante decir que con el pretexto de los “moches”, una práctica denunciada en el caso de algunos diputados federales, ahora ya no hay manera de obtener recursos adicionales para proyectos importantes en estados y sobre todo en los municipios. Esta práctica comenzó al tiempo que se requería del consenso de diferentes fuerzas políticas ya que desde 1994 ningún partido había tenido mayoría absoluta para aprobar el presupuesto de egresos e ingresos de la federación. Ahora ni siquiera los diputados federales de Morena pueden gestionar recursos adicionales para sus estados. Todo ese recurso está siendo acaparado para su gasto a discreción por el presidente de la república.

Llama la atención que los estados más pobres gobernados algunos por Morena dieron respuesta a sus pares gobernadores acusándolos de pretender sacar raja electoral al unísono de lo que ha contestado el presidente de la república, al cual parece tenerlo sin cuidado lo que hagan los gobernadores federalistas. Se alega que los estados ricos deben ser solidarios con los más pobres. El mismo debate se vive ahora en España con los separatistas en Cataluña que promovieron un referéndum invalidado por el gobierno central español.

La idea generalizada en el norte y occidente del país, incluso en la península de Yucatán es que no tienen porque subsidiar los programas sociales, que más que promover el desarrollo han generado una enorme clientela electoral y mucho hay de cierto. El caso de Chiapas es el más patético. Desde el levantamiento armado zapatista a la fecha, nuestro presupuesto de egresos ha sido subsidiado casi en su totalidad por la federación. A 25 años de esas políticas públicas iniciadas por los gobiernos del PRI, aumentadas por los gobiernos del PAN y ahora acentuadas por el gobierno de la 4t, los resultados han sido desastrosos.

La pobreza se ha multiplicado, la tasa de crecimiento poblacional es la más alta del país, la corrupción se ha instituido y el presupuesto está literalmente secuestrado por el gasto corriente del gobierno y el pago por la contratación de deuda pública. Tan solo el magisterio que todo el tiempo se la pasa en marchas y plantones se lleva uno de cada tres pesos de los casi 95 mil millones de pesos autorizados en 2020. Somos la entidad con mayor rezago educativo a nivel nacional. En Chiapas 15 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir. Ocupamos el primer lugar nacional de pobreza en al menos una década. En la entidad alrededor de ocho de cada 10 habitantes (76.4%) son pobres. El único de 32 estados en donde más de la mitad de sus habitantes no tiene un ingreso mensual que alcance para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Sólo 6.0% de la población en Chiapas se encuentra alejada de la pobreza.

Hemos sido durante dos décadas el estado más beneficiado en programas sociales. La Sedesol llegó a tener más de un millón de mujeres en el programa prospera. ¿En que nos ha beneficiado? ¿Por qué seguimos siendo tan pobres? Por una sencilla razón. No invertimos en infraestructura. No incentivamos la inversión privada. En lugar de mendrugos deberíamos tener una política fiscal que atraiga capitales, exenciones de impuestos, estado de derecho, rendición de cuentas y proyectos detonadores que potencialicen nuestras capacidades humanas y enormes recursos naturales.

Nuestra aportación a la federación no es producto del esfuerzo de los chiapanecos sino del aprovechamiento de nuestros recursos naturales por parte de la federación como es el caso de nuestras hidroeléctricas y el petróleo. Pocos son los casos de éxito empresarial. Todo gira en torno al gasto gubernamental. El gobierno es el gran empleador y gran contratista. Por eso no tenemos cultura democrática, por eso dependemos casi al 100 por ciento del apoyo federal. ¿Cómo queremos así que nos sigan apoyando si no somos capaces de aprovechar todos los enormes recursos que nos han proveído durante más de 20 años?

Nuevo León produce el 7.3% del PIB, Jalisco l 7.1%, Guanajuato con 4.2%, Coahuila 3.7%, Chihuahua 3.4%, Tamaulipas con 3%, Michoacán con 2.5%, Sinaloa 2.3%, Aguascalientes 1.4%, Durango 1.2% y Colima 0.6%. Ese y no otro es el debate que hoy tiene enfrentados a los estados de la federación con el gobierno de López Obrador.