Héctor Estrada / Columna

En la Mira / Héctor Estrada 

*** Los 40 desfalcos municipales de Chiapas bajo impunidad prolongada

Desfalcos a las arcas municipales de Chiapas de entre cinco y nueve años de antigüedad siguen sin ser resueltos por la Auditoria Superior del Estado (ASE) en medio de un letargo sospechoso que actualmente tiene en prolongada impunidad a 40 ex presidentes municipales chiapanecos para quienes la justicia ha tardado demasiado en llegar.

De acuerdo a la investigación hecha por el periodista Vinicio Portela, publicada este 2 de marzo mediante el portal Agencia55, el monto acumulado que continúa sin esclarecerse dentro de la Auditoría Superior de Chiapas suma un total de 3 mil 796 millones 183 mil 872 pesos, manteniéndose, según el periodista, en la más extraña de las discrecionalidades.

Entre los casos más relevantes señalados por la investigación destaca el de San Juan Chamula, durante las administraciones de Sebastián Collazo Díaz y Cristina Lunes Shilón. Las irregularidades detectadas entre los años de 2015 y 2016 suman un monto general de 849 millones de pesos y cuentan con una carpeta de investigación bajo el numeral 0525-101-1301-2020, interpuesta en 2 de diciembre de 2020, que hasta la fecha no ha procedido.

Otro de los denunciados es Neftalí del Toro Guzmán, pues durante su administración al frente del ayuntamiento de Tapachula la ASE le detectó un presunto desfalco de 189 millones 473 mil 892 pesos, por lo que desde el 5 de abril de 2019 cuenta con la carpeta de investigación con número 0061-101-1301-2019.

A los anteriores se suma el expediente de Frontera Comalapa. Las observaciones en este municipio datan de los años 2015, 2016 y 2017 durante la administración de José Antonio Aguilar Lucas. En este caso se tienen documentadas irregularidades por 596 millones 29 mil 420 pesos que cuentan ya con cuatro carpetas de investigación, bajo los numerales 0021-101-1301-2019, 0144-101-1301- 2019, 0147-101-1301- 2019 y 0345-101-1301-2020, interpuestas el 8 de febrero y 13 de agosto de 2019 y 9 de octubre de 2020.

Por increíble que parezca el expediente más antiguo es de 2012, durante el gobierno de Adulfo Chacón Castillo. En este caso la Auditoría de Superior del Estado presentó una denuncia debido a anomalías en la cuenta pública por 355 mil 726 pesos con 83 centavos. Algo similar sucedido en el año 2014, durante la administración de Jorge Torres Grajales, en el que se detectaron observaciones por 30 millones 855 mil pesos. En ambos casos también existen carpetas de investigación bajo los números de expedientes 417-101-1301-2020 y 508-101-1301-2020.

A todo lo anterior se agregan los casos de los expresidentes municipales Martín Díaz Gómez en El Bosque con anomalías por 252 millones de pesos en los años 2016 y 2017; Leyver Asuel Robledo Ángel en Siltepec con 183 millones 119 mil pesos; María Gloria Sánchez Gómez en Oxchuc con un probable desfalco de 275 millones; y Víctor Lavalle Cueva en Motozintla con irregularidades por 380 millones de pesos. Y la lista sigue.

Sin embargo, la pregunta central en todos los casos es la misma: ¿por qué no se ha procedido con la detención de algunos de los 40 ex alcaldes imputados? Y es que, si en la gran mayoría de los expedientes existen carpetas de investigación abiertas con entre cinco y nueve años de antigüedad, ¿cuál ha sido la razón para demorar tanto las vinculaciones a proceso, las posibles detenciones y el esclarecimiento final de sus supuestos desvíos millonarios?

No es la primera vez que el actual auditor superior, Uriel Estrada Martínez, es señalado por presuntas irregularidades relacionadas con el “uso conveniente” de los procesos comprobatorios y judiciales para extorsionar a los imputados a cambio de supuestas “cuotas o moches”. El año pasado fue señalado por algunos alcaldes debido a exigir la contratación de obras con algunas empresas familiares, a cambio de inmunidad en la detección de irregularidades en las auditorías. Pero el tema fue rápidamente silenciado.

Hoy los expedientes se encuentran en manos de Estrada Martínez, pero también de la Fiscalía General del Estado (FGE), para explicar las razones de tan sospechosas demoras en los procesos. Pues, si bien se puede entender que la comprobación de irregularidades dentro de las cuentas públicas no sea un asunto que se desahogue de la noche a la mañana, cinco o nueve años parece demasiada prórroga para dar certidumbre… así las cosas.