Héctor Estrada / Columna

En la Mira / Héctor Estrada 

*** Las obras públicas de temporada electoral en Chiapas

La posibilidad de reelección para las y los presidentes municipales en Chiapas ha traído consigo un fenómeno que, si bien ya era una práctica recurrente, ha cobrado mayor notoriedad durante el actual proceso electoral. Se trata de las “obras públicas de temporada electoral”, que convenientemente han acabado con una larga sequía de proyectos de infraestructura, prolongada por casi dos años.

Y es que, no se requiere de mayor investigación para constatar con las evidencias lo que sucede hoy en buena parte de los municipios chiapanecos donde se ha abierto una puerta a la reelección. Se trata de gobiernos que lucieron grises o prácticamente inexistentes durante sus dos primeros años de administración, pero que desde principios de este 2020 han resurgido con “oportunas oleadas de obra pública o proyectos de relumbrón”.

Abogando a la ingenuidad y la credulidad, en algunos de los casos hasta da la impresión de que se guardaron los presupuestos millonarios para ser ejecutados de último momento. Genera esa “sensación” de que la austeridad gubernamental comenzó a diluirse justo con el inicio del proceso electoral y desapareció por completo con el comienzo de las campañas electorales.

La excusa ante semejante fenómeno electorero, por demás descarado, ha sido repetitiva en buena parte de los casos. Según los ayuntamientos involucrados, las obras públicas de “último momento” se deben en buena parte a que durante los primeros años de gobierno los esfuerzos se avocaron a pagar deudas y tapar huecos financieros dejados por las administraciones que los antecedieron.

Y el pretexto parece convincente de manera superficial, sin embrago tiene de fondo argumentos ilógicos y debatibles. ¿De verdad creen que nos vamos a tragar el cuento de que durante dos años resultó imposible la ejecución de grandes proyectos de infraestructura debido al saneamiento de las finanzas públicas y la estabilización presupuestal coincidió justamente con el proceso electoral o los tiempos de campaña?

Si es así, y el quebranto dejado por los gobiernos pasados fue tan grave, ¿dónde están los procesos de investigación contra sus antecesores? ¿Por qué ningún gobierno mantuvo una campaña permanente para exigir el llamado a cuentas (ante el OFSCE o la Función Pública) y exponer públicamente las irregularidades encontradas? o ¿De qué forma se redireccionaron los recursos etiquetados para otros rubros a fin de subsanar deudas o desfalcos heredados?

Los pactos políticos de impunidad también constituyen delitos por omisión o complicidad. Si los gobiernos municipales que ahora buscan reelegirse dejaron a sus ciudadanos sin obras públicas de relevancia -por casi dos años- para cubrirle las espaldas a sus antecesores y ahora han decidido liberar obras “en cascada” para hacer campañas simuladas con recursos públicos, son iguales o peores que a los que decidieron encubrir deliberadamente.

Se necesitaría ser demasiado ingenuo para creer que la liberación masiva de proyectos de infraestructura municipal ha resultado una casualidad conveniente. No se equivoquen, el grueso de la ciudadanía no es tan tonta como les gustaría que fuese. Buena parte de las y los presidentes municipales en busca de la reelección han quedado ha deber, han justificado su mediocridad tratando de compararse con el peor antecedente de corrupción en Chiapas y, lo peor de todo, es que se convirtieron en cómplices de ese pasado vergonzoso con el que hoy quieren justificar sus raquíticos resultados… así las cosas.