Delincuencia organizada

Cosme Vázquez / ASICH

Bienes Comunales de la zona Selva Lacandona se deslinda del bloqueo de carretera y demás acciones que realizan personas ligadas a un grupo de delincuencia organizada, para presionar a las autoridades estatales a que liberen a su gente detenida la madrugada del martes de esta semana en el momento en que trasladaban a 17 indocumentados.
A través de uno de sus voceros, manifestaron su preocupación por la imagen que se está enviando de la zona, porque aquí la gente vive del turismo, el cual llega vía carretera, la cual han mantenido bloqueada desde el jueves de esta semana, cobrando peaje a quienes transitan de Benemérito Las Américas a Palenque y viceversa.
Aseguran que la retención de elementos de la guardia nacional y de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes permanecen encerrados en el Chicle, cárcel local de madera, lo hicieron el grupo liderado por Martín Martínez González y su hijo Martín Martínez Díaz, líderes de la banda de polleros que opera en la zona, para lograr la liberación de su gente detenida. Inclusive, entre los que piden la liberación de los traficantes está coludido Cabrero Segundo López, ex funcionario de gobierno.
Este vienes continuaron cobrando peaje a los automovilistas y transportes turísticos, desde 200 pesos hasta dos mil pesos, pero ese dinero no es en beneficio de las comunidades de Bienes Comunales.
Precisan que el bloqueo lo encabeza el subcomisariado de la comunidad Lacanjá Chansayab, Bernardo Chankin Chanajkin, Alfonso Chinkin Chankoo, así como demás integrantes del Subcomisariado y los socios de la transportadora turístico Lacanjá Chansayab.
Se lamentará si las autoridades caen en la presión del grupo delictivo, porque entonces ya no habrá seguridad en la zona, lo cual no ayuda para el turismo, apuntaron luego de que se enteraron que podría darse el intercambio de rehenes y de traficantes, porque son los mismos que tienen que ver con aquella avioneta que bajó en Lacanjá Chansayab con cocaína el mes pasado.
Asimismo, están preocupados como Bienes Comunales porque por esos hechos y el clima que genera ese grupo delictivo, se pudiera suspender la reunión programada en Ocosingo, con las autoridades de Gobierno para ver el caso del abogado Ángel Emmanuel Ancheyta Villafuerte, quien los defraudó con 849 mil 614 pesos para hacer posible la terminación del contrato de posesión de las Estaciones Chajul y Tzendales, con la organización Natura y Ecosistemas Mexicanos, AC, que encabeza Julia Carabias. ASICH