Alberto Ramos García / Columna

A Fuego Lento  / Alberto Ramos García 

*** Los círculos del poder

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está llena de contradicciones y claroscuros, de confusiones y desinformación; la Cuarta Transformación que encabeza AMLO ha dejado mucho que desear casi a mitad del camino, mientras crea un “bluff” (significan abrupto o poco ceremonioso en el habla o la manera de ser), para decir que se combate a la corrupción de manera frontal, es más que evidente que solo avientan la piedra y esconden la mano.

En los tres años de gobiernos que llevamos, hemos consumido visualmente toda una “guerra sucia” llevada a nivel mediático, basada en una serie de descalificaciones, calumnias y difamaciones; hoy, López Obrador representa todo aquello que prometió erradicar. 

AMLO no tiene tiempo y está dispuesto a usar al límite el poder del Estado para lograr sus objetivos políticos, tan así que no se confronta con quien le dejo la puerta abierta para llegar a Palacio Nacional, sino con quienes se presume cercanos; ya encaminado a ejercer una política, como la diosa Kali, que una vez que empieza a cortar cabezas no sabe parar, le toque a quien le toque.

La presencia y el uso de las fuentes informativas son claves en el quehacer periodístico (López, 2007: 29). Como señala Casals Carro (2005: 379), y de paso nos dice, que la credibilidad de un primer lugar, la transparencia informativa, la  independencia  y la su existencia, a  pesar de no estar fundamentadas en una comprobación ni haberse medido su alcance.

El presidente tiene prisa. Está desesperado. Por eso ya no cuida las formas, porque si bien la Cuarta Transformación debe ser un cambio para el país, también es cierto que que en política, la forma es fondo, como decía el ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles, significa que los modos, gestos, actitudes, comportamientos, palabras,etc., o sea, lo externo, es materia o substancia que puede influir en decisiones trascendentales en la carrera de un político o funcionario público.

No existe un día que el presidente no repique en contra de “las benditas redes sociales” o de la manipulación de la información de los “periodistas”, sin embargo, durante su gobierno así como se dice una cosa se dice otra, o se suelta alguna información que no es posible comprobar a través de fuentes oficiales, como lo que ocurrió hace algunos días sobre el caso Ines Gómez Mont y Victor Manuel Álvarez Puga.

En México, las empresas outsourcing iniciaron hace más de 50 años. Los primeros servicios contratados fueron los de vigilancia y limpieza. En la década de los setenta vinieron las agencias consultoras. Fue en este tiempo en que los grandes consorcios comenzaron a ver que era más fácil contratar a un proveedor de servicios independiente que crear, desarrollar y mantener un costoso departamento interno.

Pero no fue sino con las reformas laborales que impulsó Felipe Calderón en el 2012, cuando vino el boom del outsourcing; y que actualmente, el gobierno federal presentó el año pasado una iniciativa para  reformar y regular la subcontratación conocida como outsourcing, y así terminar con abusos y defender los derechos laborales.

López Obrador necesita ese dinero que llega a las arcas públicas a través del SAT para seguir manteniendo los programas sociales y las obras de la Cuarta Transformación .

El tema Álvarez Puga no es reciente, tiene décadas en Chiapas y otras entidades, con políticos, funcionarios, empresas y otros vínculos de primer nivel, todo un enredijo de outsourcing, algo así como un Odebrecht chiapaneco, donde todo se convierte en un contexto de PODER ES #PODER.

La primera ocasión fue el 23 de abril del 2010, cuando las cadenas nacionales de Televisa, Televisión Azteca, Televisión Milenio y programas radiofónicos como “Radio Fórmula”, dieron a conocer que el Gobierno Federal a través del SAT, la PGR y el IMSS, realizaban auditorías contables a 7 oficinas del corporativo “Álvarez Puga, & Asociados”, en igual número de ciudades, donde se encontraban Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Cancún, y Puebla, entre otras. 

En aquella ocasión fue precisamente el SAT quien hizo pública la investigación.

Sin embargo, hoy se difundió a través de diversos portales de información que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) por parte de los empresarios Álvarez Puga, quienes durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong como titular de la secretaría, simularon la prestación de servicios y contrataron empresas fantasma para la facturación.

La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, sobrina de Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, quien fuera secretario de Gobernación de Felipe Calderón, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Una investigación federal señala que Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante 1 mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.

Se detalló que dichas operaciones se habrían realizado durante mil 446 operaciones bancarias a través de tres “empresas fantasma” con el objetivo de triangular y lavar los recursos; la investigación es conocida como “Caso Querubines”, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Dicha dependencia correspondía a la Segob en el sexenio pasado, bajo la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que fue clasificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS); es decir, una empresa que sólo se creó para generar facturas.

Supuestamente los casi 3 mil millones de pesos fueron adjudicados entre agosto y octubre de 2016, para comprar un programa de interconexión de siete penales federales, pero los contratos son considerados como fraudulentos por Hacienda al detectar que hubo “simulación de competencia en el proceso de licitación”.


Tanto Alejandro como Víctor Manuel Álvarez Puga son cercanos a Juan Collado, hospedado en el Reclusorio Norte por fraude y lavado de dinero, además de intermediar la apertura de cuentas a 23 políticos mexicanos que enviaron más de 48 mil millones de pesos a lavar a la Banca de Andorra.

Juan Collado Mocelo, quien fuera abogado de la élite política mexicana y esposo de la actriz Yadhira Carrillo, fue encarcelado desde hace poco más de dos años, después de que la FGR consiguiera que un  juez federal decidiera procesarlo por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso derivó de la denuncia del empresario Sergio Bustamente, quien acusó a Collado de la apropiación fraudulenta de un terreno ubicado en el estado de Querétaro (que era suyo) por 24 millones de pesos, a través de una sociedad llamada “Libertad Servicios Financieros” y de la cual, era presidente.

Pero no fue al único que el empresario queretano señaló. Aseguró que los verdaderos dueños de Caja Libertad Servicios Financieros eran los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, de quien por cierto Collado fue quien concretó su divorcio con la actriz Angelica Rivera.

El analista mexicano Salvador García Soto aseguró a Efe que la detención de Collado "es todo un mensaje" ya que solo hay que recordar que Peña Nieto estaba sentado a su lado el día de la boda de la hija de Collado.

Peña Nieto y el líder del sindicato petrolero de México, Carlos Romero Deschamps, fueron vistos en la mesa del abogado durante la boda de la hija de éste celebrada en mayo de 2019.

A la boda también asistió en aquel entonces la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Peña Nieto, Rosario Robles, quien el pasado mes de agosto cumplió dos años de su encarcelamiento tras ser acusada de desvío de recursos públicos mediante la “estafa maestra”.

Se dice que la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga habrían sido parte del grupo de amigos de Juan Collado.

Entonces, la supuesta orden de aprehensión  anunciada por ciertos medios de comunicación, ¿es oficial? o es un mensaje de alerta que envía el presidente de la República; pues las órdenes de  aprehensión no se ventilan, se ejecutan, o una cazaría de brujas.

Sin embargo, existen empresarios como Carlos Slim, , el dueño de Grupo Carso, fue el consentido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre abril y junio de 2021: en este periodo le perdonó el pago de 68 millones 911 mil pesos de impuestos, a través de dos empresas: SOFOM Inbursa con 56 millones 991 mil pesos y Seguros Inbursa con 11 millones 920 mil pesos.

Durante el segundo trimestre de este año, AMLO en total condonó a 862 contribuyentes un total de 293.3 millones de pesos, de acuerdo con una nota de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA).

El presidente en alguna ocasión dijo durante su conferencia mañanera, que “en su gobierno no hay persecución ni terrorismo fiscal, que su propósito es persuadir sobre la necesidad del pago de impuestos y, en particular sobre el caso de Salinas Pliego, eso lo está viendo el SAT”.

Ricardo Salinas Pliego adeuda 200 millones de dólares en impuestos al SAT.

Resulta un misterio la fascinación y las concesiones que se hacen a los empresarios mimados del régimen de la Cuarta Transformación, quienes por cierto, el gobierno federal pagó mas de 450 millones de pesos para transmitir clases durante el ciclo escolar pasado como consecuencia de la pandemia.

Finalmente 

Comenzó a circular en redes sociales una Denuncia Pública que debe ser atendida por el Fiscalía General del Estado que preside Olaf Gómez Hernández. El encargado de la procuración de justicia deberá sumar esfuerzos para indagar quién es la Fiscal  de Tapachula,quien cometió una serie de atropellos e irregularidades, al grado, sin ninguna orden de un juez ni una orden de presentación llegaron al domicilio y se llevaron por la Fuerza a una señora empresaria, quien se encuentra en silla de rueda, y materialmente fue llevada por 4 horas , a la Fiscalía sin tomarle ninguna declaración respectivamente 

Nos leemos mañana ,Dios mediante , y recuerden : *Las frecuentes extorciones vía telefónica, presuntamente realizadas desde centros penitenciarios cercanos, han generado pavor en pobladores de Huehuetán, quienes los han acalambrado para sacarles dinero vía depósitos a tarjetas bancarias. Aquí lo pavoroso, es que los criminales tienen datos en torno al tipo y giro de negocio. Una red delincuencial bien confeccionada por presuntos reos y delincuentes en libertad.