Héctor Estrada / Columna

En la Mira / Héctor Estrada 

*** La ambición y los excesos tras el caso de Convivencia Infantil

Lo que hoy sucede en el Centro de Convivencia Infantil de Tuxtla Gutiérrez se ha salido de toda proporción. Y es que, lo que debió ser un problema a resolver sin mayores complicaciones terminó por convertirse en un asunto fuera de control, plagado de excesos y escándalos innecesarios para un gobierno municipal que acaba de iniciar su segundo mandato consecutivo con la “supuesta” intención de resarcir esos errores cometidos en los primeros tres años.

Para entender el caso, que hoy tiene a Carlos Morales Vázquez y sus funcionarios en “el ojo del huracán”, primero hay que dejar en claro que la raíz del asunto no tiene nada que ver con la pandemia de Covid-19 y sus restricciones, como lo han querido hacer ver. El conflicto entre los concesionarios de Convivencia Infantil y la administración de Morales Vázquez inició varios meses antes de que la pandemia comenzara formalmente.

A finales de 2019 se les notificó a los viejos comerciantes del parque infantil que la presidencia municipal había decidido establecer un nuevo contrato para cambiar su estatus de concesionarios a arrendatarios. En pocas palabras, quitarles las concesiones otorgadas hace más de 20 años para someterlos a un nuevo régimen de rentas temporales, bajo nuevas condiciones de cuotas y restricciones sobre uso de suelo.

A decir de Rita Elena Fausto Calderón, secretaria de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil, no hubo ningún intento de diálogo o mesa de concertación para informar sobre la decisión unilateral. Sólo se les notificó que deberían pasar a firmar los nuevos contratos para mantener sus espacios de trabajo en el parque.

“Además de quitarnos la concesión para convertirnos en arrendatarios, se nos estableció una nueva modalidad de pago por metro cuadrado. Se trata de rentas mensuales prácticamente incosteables para quienes trabajamos ahí desde hace años. Imagínense, en casos como el del trenecito u otras atracciones grandes, las rentas son impagables, pues van de 40 mil a 400 mil pesos en los casos más extremos”, explicó.

A los locatarios no les quedó de otra que ampararse ante el Poder Judicial de la Federación para defender sus concesiones y el derecho a sus espacios de trabajo. A eso se debe que el nuevo modelo contractual del gobierno municipal fuera suspendido por una orden judicial, desatando la ira del presidente municipal, quien evidentemente tenía intereses personales sobre ese espacio público.

Ahí es donde la pandemia por Covid-19 jugó también a su favor. Desde marzo de 2020 las medidas restrictivas justificaron el cierre del parque infantil y desde entonces ha permanecido cerrado, sin la posibilidad de diálogo para su reapertura real. No ha importado que Chiapas haya pasado por primera vez a “semáforo verde” desde diciembre del año y se mantenga así -de manera permanente- desde febrero.

Las restricciones de la pandemia ha sido un mero pretexto para terminar de “ahorcar” a los antiguos concesionarios. El argumento que hoy mantiene a Convivencia Infantil cerrado al público es hipócrita y contradictorio en una ciudad donde todos los demás espacios de alta afluencia funcionan con absoluta normalidad y descontrol sanitario desde hace meses. Salones de fiestas infantiles, restaurantes, bares, supermercados y hasta escuelas privadas funcionan sin mayor problema ante la vista de las mismas autoridades que mantiene cerrado al parque infantil.

Lo que Carlos Morales Vázquez y su gobierno no ha querido admitir es que de fondo hay un capricho con evidentes “intereses oscuros” para desplazar a los concesionarios y apoderarse del control comercial de los espacios. Al emblemático Centro de Convivencia Infantil lo han dejado en el absoluto abandono. La última inversión pública hecha en dicho espacio fue realizada entre 2011 y 2012, durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

El ex gobernador concluyó en 2012 la construcción de tres pabellones interactivos que debían ser equipados para ponerlos en funcionamiento. Ni el tiempo ni los recursos le alcanzaron, por diversas irregularidades que nunca se explicaron, y el plan quedó a medias. Manuel Velasco decidió no continuar con el proyecto y abandonó al parque junto a sus viejos concesionarios. Ellos, los antiguos comerciantes, se encargaron de pagar el mantenimiento y los servicios durante toda la administración verde.

Fue con la llegada del nuevo gobierno municipal en 2018 cuando las cosas se complicaron aún más. Había de por medio, según los antiguos concesionarios, un proyecto sobre Convivencia Infantil que no los incluía. Un plan de negocio, justificado en el abandono que los tres niveles de gobierno propiciaron durante años, donde los antiguos concesionarios (muchos de ellos de la tercera edad) estorbaban para que el gobierno pudiera apoderarse de los espacios y renegociar con nuevos “inversionistas”.

Por eso la necedad parece tan desproporcionada. Por eso, escenas tan vergonzosas como la de este fin de semana en las que el mismo secretario de Desarrollo Social municipal, Miguel Ángel Zárate Izquierdo, irrumpió en plena noche de domingo, aparentemente en estado de ebriedad, para intentar desmantelar algunas zonas de juegos o atracciones y luego utilizar su automóvil como arma contra personas que intentaban detenerlo.

Por eso el engaño y la intervención de otros funcionarios municipales para rescatar a Zárate Izquierdo y fingir demencia ante el abrumador escándalo… Lo que ocurre en Convivencia Infantil es una completa vergüenza que ya no tiene ninguna justificación, por más que se trate de excusar todas las acciones. Las autoridades municipales no han entendido que el parque infantil es mucho más que espacios comerciales con potencial de negocio.

Convivencia Infantil es un parque de tradición que ha sobrevivido de generación en generación. No es un espacio que pueda sacudirse las entrañas para reinventarse en la indiferencia. Convivencia es un parque familiar que guarda historia y que también puede enfrentar los nuevos tiempos con proyectos innovadores, sensibles y acordes a la realidad que NO le arranquen de tajo la esencia.

Nada se pierde con socializar el caso, con abrir las posibles propuestas de reactivación a la participación ciudadana e involucrar a esas familias de concesionarios que han mantenido vivo el centro infantil durante años; todo con el apoyo financiero de los tres niveles de gobierno e instituciones federales como SEDATU, que ya antes han acuerpado rescates similares. Finalmente, lo único que se requiere aquí es más voluntad y menos ambición… así las cosas.