Pequeños propietarios

Cosme Vázquez / ASICH

Ante la preocupación de productores agrícolas, pecuarios y forestales de los municipios de Tonalá, Arriaga, Cintalapa y Ocozocoautla, la Unión Estatal de la Pequeña Propiedad del Estado de Chiapas se pronuncia por acompañar una iniciativa del gobierno del estado, a efecto de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger los derechos de los chiapanecos que quedarían asentados en la nueva demarcación limítrofe entre Chiapas y Oaxaca.
Entrevistado Ernesto León, ex presidente de esta organización, sostuvo que de quedar los límites como lo determinaron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las afectaciones serían enormes desde la zona Istmo Costa hasta una parte de la presa de Malpaso, porque los límites lo consideraron en línea recta los magistrados.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que no hay problemas, sí hay afectaciones al derecho a la propiedad, por lo que esperan que el Gobierno de Chiapas diga qué se va hacer ante tal situación.
La determinación de la SCJN en cuanto a los límites de Oaxaca y Chiapas es a partir de Barra de Tonalá hasta a los 16° de latitud norte en dirección noroeste hasta el cerro de Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de la Jineta, y de ahí con rumbo noreste hasta el cerro de los Martínez.

Aquí, la parte medular del pronunciamiento de la Unión Estatal de la Pequeña Propiedad del Estado de Chiapas:

PRIMERO.- Consideramos alevosa la controversia constitucional presentada por el gobierno de Oaxaca en noviembre de 2012, atribuida a las presuntas presiones que en su momento ejercieron las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapas, beneficiadas con un decreto presidencial de 1967 con casi 600 mil hectáreas en conjunto.
Valga decir que de ese total, Chiapas reclamaba como suyas unas 160 mil hectáreas al argumentar que sus límites correspondían a las modificaciones de 1990 a la constitución chiapaneca, durante el gobierno de Patrocinio González, quien desconoció el acuerdo suscrito entre Vásquez Colmenares y Sabines Gutiérrez, que dejaron la línea divisoria a partir de Barra de Tonalá hasta el Cerro de los Martínez.
SEGUNDO.- Al admitir los ministros de la SCJN que esta resolución no podrá por sí misma zanjar un conflicto que tiene más de medio siglo, y al emplazar a los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para que realicen consultas entre las comunidades y pueblos indígenas de la zona de Los Chimalapas, para que aporten su opinión sobre la resolución de las disputas existentes entre estas comunidades, quienes formamos parte de la Unión Estatal de la Pequeña Propiedad del Estado de Chiapas (UEPPECH) y al ser miembros de nuestra agrupación productores agrícolas, pecuarios y forestales que se verán afectados por esa determinación de la SCJN, pedimos a nuestro gobierno chiapaneco su participación efectiva en esa consulta, dado a que la nueva línea divisoria atraviesa varios centros de población donde se asientan las familias de nuestros agremiados, para que sean atendidas sus necesidades.
TERCERO.- Expresamos nuestra preocupación porque la determinación suprema implica que el municipio de Belisario Domínguez, creado por el gobierno de Chiapas en 2011, con una superficie de 84 mil hectáreas, se encuentra en territorio de Oaxaca.
Además, al establecerse en los resolutivos la transferencia de las responsabilidades administrativas en los centros de población que ahora se ubicarán en el territorio de Oaxaca, pedimos que este proceso sea gradual para garantizar que los servicios públicos no se interrumpan.
CUARTO.- Que más allá de pretender responsabilizar a los gobiernos estatales del pasado por acciones fallidas u omisiones, atendamos a que en consideración a que la SCJN comenzó a votar algunos efectos de su sentencia, que incluyen el dictar un plazo de 30 meses para que Chiapas y Oaxaca modifiquen sus constituciones y leyes estatales, reconociendo los límites fijados por el máximo tribunal, nos pronunciamos por acompañar una iniciativa del gobierno del estado de Chiapas, a efecto de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para protegerlos derechos de los chiapanecos que quedarían asentados en la nueva demarcación limítrofe entre Chiapas y Oaxaca. ASICH