Opina consejera del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez

Marco Alvarado

Emplear para unas situaciones los usos y costumbres y para otras el marco legal, según la conveniencia o situación de la que se trate, es una contrariedad que suele afectar sobre todo a las mujeres en las comunidades indígenas, consideró la consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez.

Sobre todo se ven afectadas aquellas que quieren ejercer su derecho a la participación política, porque encuentran un contexto ambiguo, destacó.

“No pueden converger ambos sistemas, es ahí donde se complica, porque aceptan unas cosas por la vía de partidos, pero una vez que obtienen el triunfo, emplean los usos y costumbres y sacan a la mujer”.

Son conductas que están penadas y deben ser sancionadas, porque ha sido así como quitan de los cargos a las síndicas, regidoras y presidentas municipales argumentando que los usos y costumbres de la comunidad no reconocen a la mujer en el poder.

Comentó que cuando se emplean mal los sistemas normativos indígenas, a las mujeres no se les permite ejercer un cargo para el que fueron elegidas, se les niega participación en las regidurías o se les invisibiliza, acciones que ya se tipifican como formas de violencia.

“El Congreso estatal debe regular o sancionar más estas prácticas, y en caso de usurpación debería ser posible proceder de oficio, porque hay casos en que la presidenta es violentada por su marido y no lo denuncia, ahí es donde la autoridad debería proceder de oficio para actuar con más facultades para terminar estas prácticas”.