Jeny Pascacio
Desde inicios de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) y las entidades encargadas de la protección de la niñez y adolescencia optaron por implementar de forma arbitraria la armonización de la Ley de Migración para continuar deteniendo niñas, niños, adolescentes y sus familias.
En enero entró en vigor el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, que prohíbe la privación de la libertad de menores por motivos migratorios, además del principio de la no devolución que garantiza el derecho a la unidad familiar.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria el número de menores de edad presentados ante el INM de enero a septiembre de 2021, incrementó a 39 mil 076 comparado con los 11 mil 262 registrados en el 2020.
Este año, la estadística pública muestra a 14 mil 400 niños, niñas y adolescentes que viajaban solos. Del total, 22 mil 546 son hombres y 16 mil 530 mujeres; mientras 12 mil 131 son de Guatemala, 17 mil 106 de Honduras, 3 mil 776 de El Salvador y 6 mil 63 de otros países.
Los menores de edad migrantes, presentados ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, son llevados a los centros de asistencia social del DIF Chiapas, de los que son retornados casi de inmediato a su país, sin priorizar el interés superior de la niñez.
LA ALGODONERA:
Una vieja malla metálica rodea el extenso terreno de la bodega La algodonera, habilitada como Centro de Asistencia Social en la capital de Chiapas. Avecindada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y un cuartel de la Guardia Nacional, desde el exterior se observan las siluetas de los adolescentes que, a decir de la encargada del lugar, no pueden salir bajo ninguna circunstancia.
De acuerdo con el DIF Chiapas, el lugar fue adaptado junto con otros espacios más distribuidos en la entidad, anunciados por el Instituto Nacional de Migración (INM) para los propósitos de la armonización de la Ley de Migración.
El INM dijo que la información sobre los protocolos de los menores migrantes la coordina el DIF.
Trabajadores de albergues, que accedieron a hablar bajo anonimato, relatan que en un día llegan más 150 adolescentes: aumenta o disminuye según las deportaciones masivas de la autoridad migratoria.
REBASADOS:
La situación rebasa incluso a los albergues de la sociedad civil y las procuradurías se vuelven lentas para desarrollar planes de protección de derechos, y los menores son regresados antes de que se pueda evaluar el interés superior de la niñez, destacó Diana Martínez, oficial del Programa para Coalición Internacional contra la Detención.
Yuriria Salvador, coordinadora del área de Cambio Estructural, explicó que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, observa que no hay claridad en la operatividad de la ley, pues sigue la detención de menores de edad y sus familias.
“Hemos documentado que las autoridades no registran a estos menores en las listas de detención. Están evadiendo estas responsabilidades porque hay deportaciones y rechazo a solicitantes de refugio”, mencionó.
Tanto el Centro de Dignificación Humana en Tapachula y el albergue Una ayuda para ti mujer migrante, en Tuxtla Gutiérrez, llevan a cabo acompañamientos de familias que fueron separadas: los menores fueron enviados a un albergue con la madre y los padres son llevados a las estaciones migratorias.
Las organizaciones afirman que las violaciones a la ley y a los derechos humanos deben ser investigadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para determinar la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración “por privar de la libertad a quien no debe hacerlo”.
Agregaron que hace falta capacitación, coordinación entre las autoridades y presupuesto, a pesar de que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que el Congreso de la Unión deberá destinar los recursos necesarios para la operación de los centros.
NIÑEZ MEXICANA:
Las ciudades fronterizas en el sur de México, como Tapachula, los habitantes criminalizan, corren, amenazan, insultan y desprecian las personas en tránsito. Esta situación vulnera más las condiciones de la población en movilidad humana, pues estos señalamientos los reciben, incluso de personal encargado de otorgar servicios básicos —a los que tienen derecho—.
Para el defensor de los derechos de las personas migrantes, Luis García Villagrán, los mexicanos olvidan que “somos de los países que más migran”.
La Unidad da cuenta de que, en el mismo periodo de 2021, un total de 17 mil 608 niños, niñas y adolescentes mexicanos fueron repatriados: 15 mil 351 hombres y 2 mil 257 mujeres.
Son 13 mil 864 las niñas y niños que viajaban no acompañados. En el traslado a las entidades de origen, Guerrero recibió al 13 por ciento, Chiapas al 10 por ciento de menores repatriados, le sigue Oaxaca y Tamaulipas.
