Héctor Estrada / Columna

En la Mira / Héctor Estrada

*** Municipios de Chiapas van por nuevo endeudamiento millonario

Lejos ya de las promesas de campaña sobre el “cero endeudamiento” y la supuesta austeridad republicana que se defendería desde todos los poderes del Estado, el Congreso de Chiapas finalmente autorizó este jueves la contratación de nueva deuda pública para los ayuntamientos de la entidad chiapaneca, con el que los municipios tienen ya vía libre para la gestión de nuevos créditos que podrían superar los 350 millones de pesos por gobierno municipal.

Con 28 votos a favor, cuatro abstenciones y tres votos en contra la 67 legislatura estatal validó el decreto por el que se autorizó a los 123 ayuntamientos la contratación de nuevos créditos ante las instituciones reconocidas por el país. Se trata de financiamientos que los ayuntamientos tendrán que pagar mediante Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), bajo condiciones específicas.

Dentro de los montos de contratación autorizados destacan los municipios de Ocosingo, con 370 millones 205 mil pesos; Chilón, con 286 millones 493 mil pesos; Tila, con 184 millones 479 mil pesos; Chamula con 159 millones 482 mil pesos; Palenque, con 144 millones 912 mil pesos; Tapachula, con 113 millones 838 mil pesos; y San Cristóbal de Las Casas, con 101 millones 976 mil pesos.

Y es que, aunque se establecieron supuestos “candados” como que el dinero sea utilizado única y exclusivamente para obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza extrema y que los ayuntamientos estarán obligados a pagarlos en su totalidad antes de concluir su administración; en la realidad son “condiciones legislativas” que no garantizan nada.

Son intentos de “blindaje” que ya se han realizado en legislaturas pasadas y no han evitado los sobreendeudamientos heredados de administración en administración. Y los malos ejemplos en Chiapas sobran, con municipios que hasta ahora no pueden recuperarse de préstamos adquiridos desde hace seis o nueve años atrás.

Y es que, aunque es verdad que muchos de los municipios de Chiapas necesitan hoy de inyecciones de recursos extraordinarios urgentes, la situación financiera no resulta óptima para adquirir nuevos compromisos crediticios. Decisiones irresponsables, avaladas por un Congreso que debería ser vigilante el buen desempeño presupuestario de los ayuntamientos, podrían meter a los municipios de Chiapas en escenarios aún más complejos.

Antes de abrir nuevas posibilidades de endeudamiento a los ayuntamientos, las y los legisladores chiapanecos, como representantes populares de sus propios municipios, deberían impulsar auditorías a los gobierno municipales del pasado; exigir la reapertura de expedientes y reclamar el esclarecimiento de la maraña de corrupción e irregularidades que dejaron a Chiapas en el peor quebranto financiero del que se tenga memoria.

Pero lo anterior parece mucho pedir para una legislatura caracterizada todavía por las mismas prácticas del pasado, la falta de transparencia y, sobre todo, el silencio cómplice para garantizar impunidad a quienes hoy despachan desde otros cargos públicos, partidistas y de representación plurinominal como si nada hubiese pasado aquí… así las cosas.