Roberto Domínguez Cortés / Columna

Hojas Libres / Roberto Domínguez Cortés

***  Sabines y Velasco prostituyeron la institución notarial en Chiapas

El pasado 11 de febrero estuvo presente en Chiapas, el presidente del Colegio Nacional de Notarios,  Luis Carlos García Estefan,  para firmar un convenio entre Promotora de Vivienda y el Colegio Estatal de Notarios, “con la finalidad de dar certeza jurídica sobre su patrimonio a más familias.”

En el evento, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas se comprometió, ante el notariado nacional y del estado, “a no dar ni una notaría más.”  En su alocución fustigó a los gobiernos anteriores: “Se requiere una verdadera calificación para poder acceder y ejercer la fe pública. Gobernantes anteriores los otorgaron mediante el amiguismo de manera irresponsable (…) Que no los nombre el gobernador y quienes están en la función pública deberán escoger entre fungir como servidores públicos o como notarios.”

Tal es el compromiso público e irrevocable de Escandón Cadenas ante la sociedad y el notariado local y nacional.  Pareciera ser que va en serio.  Simultáneamente a esas declaraciones se dio a conocer que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Trinidad Palacios, abdicó de la notaría pública número 121, de la que es titular desde el 2014 en la ciudad de Tonalá, Chiapas.

Juan Sabines y Manuel Velasco se disputan el “alto honor” de quién es el mayor ladrón en la historia de Chiapas.  Pero también quién es el que más corrompió y prostituyó el ejercicio de la institución notarial.  Unos cuantos datos darán cuenta de cómo estos dos bribones abusaron de su facultad de otorgar notarías indiscriminadamente.  Durante el mes de noviembre del año 2012, el notariado mexicano realizó su Congreso Nacional en la ciudad de Oaxaca en donde resultó electo el licenciado Javier Pérez Almaraz.

Como un asunto de trascendencia nacional se trató el grave deterioro de la asignación de notarías en Chiapas. Los datos fueron de alerta. En el 2006 había apenas 92 patentes de notario, y en el 2020, tan sólo seis años después, el número había crecido a 187 notarios, es decir,  95 más a las otorgadas en toda la historia notarial de Chiapas.

Ese período es responsabilidad del bandido de Juan Sabines Guerrero con un dato adicional.  Sólo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez dejó una estela de corrupción con la fe pública de 59 notarios, cuando que en esa misma época, en todo el estado de Guerrero habían apenas 42 patentes de notario público.

Manuel Velasco Coello, el otro gran ladrón del tesoro estatal no quiso quedarse atrás.  Compitió con su compadre Juan Sabines para ser el primero en el reparto de notarías, entre “servidores públicos”, cercanos, amigos íntimos (Roberto Rubio dixit) incondicionales, improvisados y esa camarilla de rufianes que en sólo seis años se volvieran millonarios con la complacencia y la ayuda de Manuel Velasco Coello. Así, Manuel Velasco terminó por dejar 234 notarías que terminaron por abaratar la función notarial.

Si Rutilio Escandón va en serio y no sólo apeló al protocolo notarial  nacional y estatal, hay cuando menos 13 notarias que de facto y de jure deben desaparecer y publicar en el periódico oficial del estados.  Si eso  no ocurre después de la abdicación de Juan Trinidad se estará otra vez en presencia de actos de histeria demagógica.  Por hoy tan sólo cinco más:

1.-  Raciel López Salazar.  En su paso de nueve años como procurador en el estado de Chiapas, bajo la protección de Juan Sabines y Manuel Velasco, destrozó la procuración de justicia.  Se le conoce como el Guillermo González Calderoni chiapaneco, el fiscal más rico de México

En el exceso de la complacencia  fue al mismo tiempo Procurador, diputado federal y notario público número 138 con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  Le cuida el negocio Jannete del Carmen López Zapata, notaria adjunta, mientras López Salazar es delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de México.

2.-  Jordán de Jesús Orantes Alegría. Cercano a Raciel López Salazar depredó la procuración de justicia como delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas. Perseguía inocentes y fabricaba culpables. En premio a sus méritos en campaña se le escrituró en Tuxtla, capital de Chiapas, la notaría 129.

Bajo los tres principios de Rutilio Escandón: la renuncia de Juan Trinidad, ni una notaría más y los funcionarios públicos deben escoger entre desempeñar el cargo o ser notarios, Orantes Alegría tiene la obligación de escoger entre ser notario o dejar la fiscalía de Coordinación de la Fiscalía General del Estado.

3.- Erik Ocaña Espinosa. Por dos razones debe renunciar como notario. Es magistrado de la segunda sala civil del Tribunal Superior de Justicia y al mismo tiempo funge en la notaría 160 con sede en Cintalapa, mientras le cuida el negocio, el notario adjunto Húber Becerra León. Pero además a Ocaña Espinosa la notaría le viene de herencia o legado. Su progenitor Gilberto Ocaña Méndez es notario en el municipio de Chiapa de Corzo.

4.- Roberto Antonio Rubio Montejo. Constituye un acto patético de abuso excesivo de la impunidad y el poder. En su haber apenas se le conocía como chofer de la senadora María Elena Orantes y del entonces diputado Mario Carlos Culebro Velasco, hasta que la suerte lo colocó cercanísimo al gobernador Manuel Velasco Coello.

En un atentado a la Constitución federal y a la de Chiapas, se postuló y ganó una diputación federal indígena, con el cuento de pertenecer a la etnia tojolabal y ser vecino y residente en el municipio de las Margaritas. Falso.  Durante más de cinco años fue recluta de Manuel Velasco, responsable de la secretaría técnica del gobierno del Estado y jamás vivió fuera de Tuxtla Gutiérrez.

Hoy que Rutilio Escandón está comprometido con la transparencia y la honestidad, no sólo debe cancelarle la patente notarial sino además investigarlo por enriquecimiento inexplicable, en donde se indague de dónde salió el edificio que su hijo presume, la casa conocida como la casa rosada, en alusión al gobierno argentino, y los vehículos de lujo que tiene a su disposición.

Mientras a Rubio Montejo se le premia indebidamente como presidente de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, su adjunto Marco Albores Castañón le cuida el bazar notarial, aun cuando académicamente está impedido para ejercer la fe pública.  Dentro de los requisitos para ser notario está el de haber ejercido el derecho durante cinco años y un año  de práctica  notarial.  La cédula profesional 9880058 de Rubio Montejo es de 2016 y fue nombrado notario en 2017, lo que le impide continuar como fedatario.

5.- Mirna Lucrecia Camacho Pedrero. Además de ser notaria número 97 y magistrada presidenta en justicia para adolescentes, tiene un doble impedimento para ser magistrada y sujeta a juicio político.  En agosto de 2016 se le nombró magistrada de la segunda sala penal en abierta violación a la Constitución federal y a la del Estado de Chiapas.  Le faltaban 57 días para cumplir un año de haber dejado la diputación local, tiempo en que emitió sentencias sin estar facultada para ello.

Y todavía más.  Para ser magistrada de la sala especializada de justicia para adolescentes, la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandata que quien sea nombrado magistrado, previamente debe de acreditar conocimientos en la materia: Justicia para adolescentes. Y Mirna Camacho no tiene esa calidad.

Por ello, la ciudadanía y el electorado esperan que la renuncia de estos cinco personajes, como servidores públicos o como notarios se dé en cumplimiento al compromiso y a la palabra del Gobernador.  Y faltan siete más.  Ampliaremos…

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