Santiago Creel

Simular es aparentar. Aparentar es engañar. Engañar es mentir. Mentir es contradecir la realidad. La realidad es la que es, no cambia. Ni el poder presidencial, ni el poder del más poderoso cambia lo que es, sería tanto como cambiar una mentira por una verdad. ¿Por qué el partido gobernante quiere promover la revocación de mandato de su propio gobierno?, ¿quiere auténticamente Morena revocarle el mandato al presidente López Obrador, que deje de ser el presidente de los mexicanos?, ¿o qué trata de simular o aparentar? Si Morena quiere que el presidente López Obrador siga siendo el titular del ejecutivo, entonces ¿por qué promueve su revocación? Es una conducta irracional, o es un engaño. Si se trata de un engaño, ¿por qué quiere engañar y a quién? Y siguen las preguntas: ¿si no quiere revocar el mandato del presidente, por qué insiste en que se lleve a cabo y al mismo tiempo recorta el presupuesto del INE?, ¿por qué si Morena desea que continúe el presidente, quiere que de cualquier manera el INE realice el ejercicio e incurra en un gasto mayor?, máxime en las condiciones económicas en que se encuentra el país: de incertidumbre, de inestabilidad y de un gobierno que no ha podido remontar siquiera un punto positivo de crecimiento en sus primeros tres años y con un aumento significativo de la pobreza. Es un gasto para una conducta simulada, para un ejercicio aparente, para un engaño, para una mentira. Así cueste lo menos posible, es un gasto innecesario, inútil, absurdo e irracional. Sí, en este caso, la irracionalidad y el engaño se juntan; Morena hace un binomio perfecto de ello. Además, Morena abusa de la confusión creada, entre el ejercicio de revocación —que no lo es— y el de una especie de ratificación, para censurar a quien esté en contra de este ejercicio, argumentando que se atenta contra la democracia misma. En medio de este mar de confusión, simulación y mentira, ha aprovechado también, para poner en el banquillo de los acusados a su enemigo favorito, al INE. Sí, para ponerlo en entredicho y hacer de él su “chivo expiatorio”. Saben que en una simulación todo puede fallar, así podrán tener a un culpable prefabricado y de paso intentar guillotinarlo por cualquier fracaso posible.

En los dictámenes de las Cámaras del Congreso de la Unión, expresamente se manifestó que no podía interpretarse la revocación de mandato como la ratificación de un cargo. De acuerdo con nuestro texto constitucional, la revocación de mandato es una forma de participación ciudadana, de democracia semidirecta, que permite determinar la conclusión anticipada del mandato del presidente de la república por la pérdida de confianza; es decir, el objeto de dicha figura, únicamente se circunscribe a terminar con el mandato presidencial antes del tiempo previsto legalmente, más no a cuestionar, analizar o ratificar su gestión. A pesar de la claridad con que se redactó la reforma constitucional, la legislación secundaria que norma el ejercicio aprobado en el 2021, contradice el concepto de revocación e incluye una pregunta expresa de ratificación. La pregunta se enuncia así: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Es ahí donde se evidencia la simulación, el engaño y la mentira. Lo que en realidad quiere Morena, es aprovechar el ejercicio de una supuesta revocación de mandato y obtener un beneficio electoral indebido, o más propiamente dicho, inconstitucional, en un año electoral clave, después de la derrota en su exbastión de la zona metropolitana del Valle de México y con la pérdida de la mayoría calificada en el Congreso, que lo inhabilita para llevar a cabo su supuesto cambio de régimen.

Toda esta simulación, engaño y mentira está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá decidir que procede hacer con este entuerto. Existen dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Coalición Va por México, integrada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD. Una de ellas, en contra de que la legislación secundaria desvirtúe el ejercicio de revocación e imponga una consulta de ratificación, así de sencillo y claro. La otra, tiene su origen en el recorte que hace la Cámara de Diputados al presupuesto del INE y que le impide llevar a cabo eficazmente el ejercicio de revocación, tal como lo establece. En el primer caso la inconstitucionalidad es clara, la propia Constitución no incluye la figura de ratificación. En el segundo caso, el recorte presupuestal de la Cámara afecta derechos políticos, que son derechos humanos, los cuales deben interpretarse de acuerdo con el principio de progresividad establecido en el artículo primero de la Constitución, el cual prohíbe que un derecho humano regulado pueda ser objeto de reversión o limitación alguna. Si el INE, dentro de su autonomía constitucional, no puede llevar a cabo el ejercicio de revocación para que todas y todos los mexicanos puedan participar en él, como lo hacen en cualquier otra elección federal, entonces el principio de progresividad constitucional se estará violentando. Así la Cámara tenga facultades exclusivas para aprobar el presupuesto, éstas no le alcanzan para estar por encima de la Constitución.