Jeanette Leyva Reus / Opinión

Jeanette Leyva Reus

Los casos de las aplicaciones que prestan dinero no solo a intereses irreales, sino que además sustraen la información de contactos para acosar a sus clientes que se retrasan en el pago, o empresas fraudulentas que piden dinero al cliente para “darles el crédito” y una vez depositado se desaparecen, de empresas innovadoras que dan un crédito “corroborando” redes sociales sin control alguno afectando el historial crediticio de personas que nunca fueron sus clientes, de robo de cuentas de WhatsApp para pedir dinero que es depositado a cuentas del sistema financiero, tienen el común denominador de estar fuera de control y del radar de las autoridades.

Como les contaba el martes, estos casos no solo van en aumento, sino que cada vez más personas a todos los niveles socioeconómicos y edades son afectadas, ya sea defraudados, acosados o que sus datos hayan sido robados para pedir créditos a su nombre con lo que les afectan su historial crediticio; si bien algunos de los afectados reconocen que algunas de estas empresas o apps no son violentas para cobrar, esas son las excepciones. Las demás debido que al bajar la aplicación o el formulario piden accesos a permisos del teléfono como cámara, contactos, localización, mensajes, tienen con ello prácticamente toda la información que requieren para que en caso de no pagar el crédito –si es que lo hubo–, iniciar el acoso para recuperar el dinero prestado, o inician extorsiones si encuentran fotos comprometedoras en el dispositivo.

Algunas de estas empresas o aplicaciones enlistadas por el Consejo Ciudadano o encontradas en los buscadores de Google, sí dan el crédito con montos pequeños, máximo de mil 500 pesos, pero con la condicionante de pagar en una semana; por un crédito de 950 pesos nos dice un afectado, en 6 días se debe pagar mil 400 pesos, de no hacerlo es cuando inicia el acoso, amenazas y violencia por mensajes y teléfono; al día siguiente pasan a la lista de contactos que le dieron acceso y a enviarles a todos sus conocidos que es un deudor, incluidas sus fotos ya hechas memes exhibiendo la deuda y donde les dice que le ayuden a pagar.

Más allá de las alertas de Condusef, de la labor que hace la Policía Cibernética para rastrear esas aplicaciones y frenarlas, incluso la Guardia Nacional ya recibe el reporte por su aplicación, donde otorgan folio y confirmación, pero la denuncia debe ser completada, lo que muchas veces ya no ocurre.

Las autoridades supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera (ahora al frente el político Pablo Gómez), reciben los reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes de muchas de las cuentas bancarias que reciben miles o millones de pesos en cuestión de un par de días, pero de aquí a que son procesadas, las cuentas denunciadas ya están en ceros y están siendo ya utilizados otros bancos para recibir el dinero mal habido.

Hace falta un trabajo más coordinado entre autoridades, bancos y algo importante, creerles a los clientes cuando denuncian que de determinada cuenta están siendo extorsionados o siendo ocupadas para recibir dinero fraudulento, como hoy sucede mucho con el secuestro de las cuentas de WhatsApp, donde los delincuentes utilizan bancos de todo tipo para recibir el depósito a nombre del titular de la cuenta.

También hace falta –como bien dice un afectado–, que buscadores, como Google, o en las tiendas de IOS Android que se marquen las aplicaciones o páginas como fraudulentas o que sepan que el negocio que hacen termina en extorsión y amenazas, hay mucho que hacer en esta área en especial. Por lo pronto, la moneda está en el aire.