Mario Caballero / Columna

Letras Desnudas / Mario Caballero

*** Aves de rapiña

Los dos fueron miembros destacados del sabinato. Llegaron al poder como muertos de hambre y salieron con frondosas cuentas bancarias, propiedades y negocios. Hoy, uno de ellos está incrustado en el gobierno del morenista Miguel Barbosa, en Puebla. El otro, del PRI, está haciendo méritos para conseguir una candidatura plurinominal que le permita seguir viviendo del presupuesto y cubrirse de impunidad. Porque, es cierto, algo que también comparten estos dos personajes es que le deben cuentas a la justicia.

El primero es Seth Yassir Vázquez Hernández. Un tipo ignorante, agreste, ambicioso, que alguna vez soñó con ser gobernador de Chiapas. Pero como suele suceder con cualquier político corrupto, terminó huyendo del estado por la puerta trasera.

Todo lo que tiene se lo debe al exgobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, quien lo quiso más que a su propio hijo. Lo vistió, lo amamantó de poder, le dio una carrera política, puestos gubernamentales y, últimamente, influyó para que Barbosa lo designara subsecretario de Transporte en la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla.

Yassir viene de una familia de maestros humildes. Y aunque en la actualidad se pavonee en una vida de lujos y excentricidades, con residencias en Chiapas, Cancún, Cuernavaca y en el estado de Puebla, jamás se olvidará que durante algún tiempo fue un cliente consuetudinario de la cantina El Tubazo, lugar donde pedía crédito para tomarse media botella de whisky Etiqueta Roja, que se la empujaba al ritmo de La mesa del rincón de Los Tigres del Norte, su canción favorita, según cuentan los meseros.

Fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez del 1 de enero de 2011 al 21 de agosto de 2012. No concluyó la encomienda debido a la enorme presión política y, especialmente, de los proveedores. Tanto así, que cierto día en que los reclamos de pago se pusieron muy calientes tuvo que salir del edificio del Ayuntamiento escondido en la cajuela del automóvil de su directora de comunicación social, Jessica Bonifaz, quien para el colmo tenía un Beetle color beige.

En 2017, la Auditoría Superior de la Federación revisó el último año de gestión de Yassir Vázquez y encontró que con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2012, se pagaron obras que no beneficiaron a los pobladores en condiciones de rezago social y pobreza extrema en Tuxtla Gutiérrez. Por lo cual la ASF le fincó un daño patrimonial por 5 millones 995 mil 958 pesos, del que fue obligado a reparar junto con su regidor de Obras y por su tesorera municipal, Verónica del Rocío Argüello Martínez.

De ese monto, Yassir tuvo que resarcir a la hacienda pública federal la suma de 3 millones 133 mil 950 pesos.

Sin embargo, eso que acaba de leer, querido lector, no es más que la punta del iceberg, permítaseme el cliché. Porque Yassir Vázquez tiene procesos abiertos por peculado, ejercicio indebido del servicio público, daño patrimonial y asociación delictuosa por más de 56 millones de pesos.

¿Recuerda el fracasado proyecto de remodelación llamado “¡Qué viva el centro!” que ejecutó Vázquez Hernández durante su gobierno? Pues el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado realizó auditorías y encontró irregularidades en 22 de 23 contratos de obra seleccionados de dicho proyecto.

Se informó que entre los 23 contratos se ejercieron cerca de 30 millones de pesos, pero de los cuales 16 millones 151 mil tuvieron anomalías, con 12 millones 801 mil pesos que no cuentan con documentación probatoria.

Además, existen pagos improcedentes por un millón 886 mil, pagos excesivos por 177 mil, deficiencias técnicas de construcción por 916 mil, erogaciones sin especificaciones por 272 mil y 96 mil pesos más por pagos no justificados y en demasía.

Por todas esas irregularidades existe una orden de aprehensión en contra de Yassir Vázquez Hernández, girada por el Juzgado Segundo del Ramo Penal en Atención a Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, bajo la causa penal 153/2015.

A la sazón, ¿por qué sigue libre el hijo putativo de Juan Sabines Guerrero si ha perdido cada uno de los amparos que ha tramitado ante instancias federales y si sólo basta que la Fiscalía General de Chiapas emita un oficio de colaboración con su similar en el estado de Puebla? Simple, por la complicidad y proteccionismo de las autoridades morenistas de aquella entidad.

EL OTRO SABINISTA

El segundo en cuestión se trata de Samuel Alexis Chacón Morales, quien bajo las enaguas de Sabines Guerrero logró ser diputado local, presidente municipal de Tapachula y, la diputación federal bajo la alianza PRI-PVEM, la obtuvo mediante pactos soterrados con los antiguos dueños del poder en Chiapas, que tuvieron a bien premiar la corrupción del priista con un cargo cameral.

Como diputado local sirvió a los intereses del gobierno sabinista. Dio su aprobación en cada uno de los préstamos solicitados por el corrupto exgobernador y votó a favor de las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo. En pago, el hoy cónsul en Orlando, Florida, lo convirtió en alcalde de Tapachula.

La administración de Chacón Morales es calificada como vomitiva, asquerosa, corrupta y asesina. En los 27 meses que gobernó la ciudad hizo crecer la deuda en más de 630 millones de pesos. También heredó deudas con proveedores, obras en pésima calidad (“que apenas las estaba inaugurando y ya presentaban cuarteaduras”, cuentan), un municipio sin fondos para pagar el servicio de energía eléctrica y más de 200 vehículos inservibles. Entre otros daños, funcionarios de su gobierno sustrajeron mobiliario de distintas áreas del Ayuntamiento, asimismo como equipos de cómputo y otros aparatos electrónicos.

La Crayola es un monumento a su corrupción. Samuel Chacón gastó 29 millones de pesos en esa escultura que -según él- representa la conjunción de las culturas maya e izapeña, pero en realidad no es más que una figura con forma de crayola, mal hecha, que construyó dos veces. La primera vez la inauguró. La segunda sólo fue para malversar y desviar dinero público.

En 2015, la entonces Secretaría de Desarrollo Social interpuso una denuncia formal en su contra por el desvío de recursos públicos de programas de combate a la pobreza entre los años 2013 y 2015. El monto que Chacón Morales no pudo comprobar asciende a más de 65 millones de pesos.

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación tiene en proceso varias investigaciones por supuestos actos de corrupción de la gestión de Chacón Morales. Una de ellas indaga el destino que le dio a 209 millones de pesos de recursos federales pertenecientes a diversos programas sociales.

Como dato estadístico: el índice de criminalidad en Tapachula aumentó durante el periodo de Chacón 40 por ciento respecto a los reportados en 2012. Situación que provocó inestabilidad económica y desempleo.

El 8 de octubre de 2014 fue hallado brutalmente masacrado el cuerpo del exlíder del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Tapachula, Gustavo Adolfo Ibarias García, acérrimo opositor de Samuel Chacón. Y hasta nuestros días, se cree que el ex alcalde tuvo parte en su asesinato, ya que días antes del homicidio cuentan que lo amenazó de muerte.

Dos casos que ponen a prueba el combate a la corrupción e impunidad de la 4T. ¡Chao!

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